Desarticulan unidad de investigación

Las nuevas autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) desaparecieron la unidad que monitoreaba la Ley de Acceso a la Información Pública y ahora tienen un enfrentamiento laboral con los empleados cancelados.

El CNA canceló al personal de la Unidad de Conocimiento y Análisis (UCA), encargado de elaborar los informes de transparencia y de vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, entre otras actividades de lucha contra la corrupción.

Fue esta unidad que reaccionó contra las decisiones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de declarar en reserva información pública manejada por la Policía, por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y por la Marina Mercante.

Posteriormente, la resolución a favor de la Policía fue rectificada parcialmente.

El caso de estos trabajadores despedidos llegó hasta la Secretaría del Trabajo, donde las autoridades de ese ministerio emitieron un dictamen estableciendo que, a pesar que el personal estaba por contrato, el CNA debe cancelar "salvo" aquellos derechos laborales establecidos en el mismo documento.

Sobre el caso, el pastor Oswaldo Canales manifestó que a estos trabajadores se les venció el contrato y que no se les había renovado porque se les pagaba con recursos de cooperación extranjera.

"En el 2010 vamos a reorientar la institución. Había duplicidad en cuanto a la gestión de algunas funciones, entonces hemos querido reorientar y la ley dice que tenemos que trabajar con un mínimo de personal", añadió.

Además de asegurar que respetaría el dictamen de Trabajo, Canales explicó que la labor que realizaba la UCA ahora la ejecutará el departamento legal.

Aunque la labor de este departamento legal es muy discreta, algunos sectores cuestionan que no cuentan con la capacidad para monitorear ni tan siquiera la Ley de Transparencia en los aspectos más trascendentales.

Actualmente, la mayoría de instituciones del Estado incumplen con la información de oficio que deben colocar en sus portales de Internet.

Además, este departamento tendrá que lidiar con las resoluciones que emite el IAIP, cuyos magistrados consideran que el nombre es un dato personal confidencial, contradiciendo la misma Ley de Transparencia.

Mientras en el IAIP los empleados se organizan, los ex trabajadores de la UCA esperan el dictamen del Ministerio del Trabajo, de lo contrario aseguran que trasladarán el caso a los Juzgados del Trabajo.