¡Ultiman a la policía técnica!

La aplanadora nacionalista en el Congreso Nacional dio el tiro de gracia a la Dirección Técnica de Investigación Criminal (DTIC), que iba a estar adscrita al Ministerio Público, al derogar el decreto que dio vida a su creación.

Pese a la oposición de un buen número de diputados por mayoría mecánica, el CN derogó el decreto 287-2009 del 13 de enero de 2010 que se refiere a la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público mediante la que se crea la DTIC, más conocida como la Policía Técnica.

La publicación del decreto en referencia generó un escándalo por cuanto aparece en dos publicaciones de una misma edición del diario La Gaceta, con fecha 22 de enero, en una junto la ley que concesionaba por 25 años la explotación de la central hidroeléctrica de Nacaome y en la otra este polémico contrato es excluido.

Un asesor del Ministerio Público, que compró los únicos 20 ejemplares que se imprimieron en una de estas ediciones donde aparece el decreto de creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, fue indagado por la misma Fiscalía ante la confusión que provocó este caso inaudito.

La derogatoria

El procedimiento de eliminación de la DTIC fue cuestionado por varios diputados ya que se produjo en medio de una controversia, al ser incluido en un paquete de decretos que contenían contratos de obras públicas, los que fueron derogados bajo el argumento que no tenían respaldo presupuestario.

La aplanadora oficialista no aceptó la sugerencia del diputado opositor, Toribio Aguilera, de que se extrajera de ese paquete el decreto de la creación de la DTIC "porque nada tenía que ver un asunto meramente político administrativo con el presupuestario".

El propio presidente del CN, Juan Hernández, justificó que no había presupuesto para el funcionamiento de la ATIC, al tiempo que otros diputados confesaron que la bancada de su partido tomó la decisión por unanimidad por sugerencia del ministro de Seguridad, Óscar Álvarez.

Se alegó, además, que estaba en juego un préstamo por 44 millones de euros que la comunidad cooperante ha prometido para fortalecer a la Policía en el proceso de investigación criminal.

Nombran comisión

Para atenuar las voces de inconformidad, Hernández nombró una comisión especial a sugerencia del diputado Oswaldo Ramos Soto, para que elabore un proyecto de ley en un plazo de 60 días, referente a la creación de la DTIC.

No obstante, para algunos congresistas esto no fue más que un tiro de gracia al proyecto que hace años vienen abrazando los fiscales del Ministerio Público de contar con su propia estructura de investigación criminal. Se teme que la iniciativa no cobre vida por los intereses que hay en el Ministerio de Seguridad.

La comisión quedó integrada por los diputados Mario Pérez, Oswaldo Ramos Soto, German Leitzelar, Eduin Pavón, Rodolfo Zelaya y Olban Maldonado.

Conflicto de intereses

De acuerdo con la ley que fue derogada, la DTIC asumiría la investigación de todo lo relacionado con el crimen organizado e incluso hasta puede investigar a la misma Policía, cuyos agentes y oficiales estén involucrados en acciones delictivas.

A la DGIC, dependencia de Seguridad, le quedaba la función de investigar el delito común.

Se dijo que en la elaboración de la reforma que daba vida a la DTIC participaron expertos de España y Colombia.

En 2008 se concluyó el dictamen pero no fue aprobado, sino hasta en el mes de diciembre de 2009, proceso en el que no contó con la venia de los diputados nacionalistas.

Con la creación de la DTIC se volvería al origen que tuvo el Ministerio Público en su función de dirigir y supervisar la investigación criminal, porque actualmente de nada sirve que la Policía capture si los fiscales no tienen pruebas con qué sustentar una acusación.

Recientemente, el fiscal general y adjunto viajaron a Colombia para recibir instrucciones de cómo opera la policía técnica en ese país.

En Honduras, lo que se miraba venir, era un conflicto de intereses por el manejo de la escena del crimen y el control de la investigación.