Empresas de maletín se agenciaron más de mil millones

EL HERALDO lo denunció una y otra vez en sendas series de investigación.

Las empresas de maletín se habían apoderado de Soptravi, sin que el entonces presidente Manuel Zelaya hiciera lo necesario para terminar con la podredumbre en la adjudicación de contratos.

La investigación de EL HERALDO, que motivó a la suspensión de algunos contratos, se desarrolló en enero de 2007.

Fue hasta octubre de 2008 cuando Manuel Zelaya, durante un consejo de ministros en su hacienda, que reconoce que las carreteras del país son un desastre porque Rosario Bonano contrató "empresas de maletín".

La declaración dio la razón a EL HERALDO, aunque cercanos funcionarios de Zelaya habían acusado a este medio de gestar una campaña de desprestigio.

Ayer, el diputado Miguel Ángel Gámez aseguró que la dilapidación de recursos durante los años del gobierno liberal superó los 1,000 millones de lempiras.

Gámez, quien es presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso, dijo que desde hace mucho tiempo había denunciado el latrocinio, pero nunca se actuó por sectarismo político.

Los otros contratos

Por otra parte, Gámez indicó que el Congreso derogó la semana anterior ocho contratos cuyos presupuestos originales fueron ampliados hasta en un cien por ciento del valor original.

La derogatoria de los decretos no implica su anulación, sino simplemente que las empresas deberán justificar ante las nuevas autoridades del Estado a qué obedecieron tales ampliaciones y si las mismas son correctas, los contratos deberán ser devueltos al Congreso para su aprobación.

Gámez indicó que hay varios contratos que están siendo revisados por el Congreso Nacional al tenor de una moción que fue aprobada por el pleno.

Una comisión que preside el secretario del CN, Rigoberto Chang, está haciendo la revisión para determinar si procede a que sean aprobados por el Congreso o, por el contrario, devueltos a su origen.

Se informó que la ampliación presupuestaria en esos ocho contratos era de 240 millones de lempiras y que crea suspicacia puesto que fueron aprobados en las últimas sesiones de la legislatura anterior.

Es la primera vez en muchos años que el Congreso Nacional aplica este procedimiento que no es muy usual, pues se trata de acciones del Ejecutivo que debieron haber sido objeto de análisis antes de que fueran aprobadas por los diputados.

Gámez manifestó que el CN ha encontrado que muchas obras ya fueron concluidas y el estado está debiendo el valor de esos contratos. Por consiguiente, para evitar la quiebra de muchas empresas, el Congreso tiene que reunirse de urgencia para volver a aprobar los contratos, cuyos decretos fueron derogados por presentar ampliaciones sin respaldo presupuestario.

El diputado Gámez solicitó que las empresas presenten su justificación.