Campesinos del Aguán quieren 15,000 hectáreas

El gobierno no logró alcanzar ayer acuerdos con los grupos campesinos que mantienen tomadas unas 4,500 hectáreas de tierra en la zona del Bajo Aguán.

El desacuerdo persiste ante el rechazo de los campesinos a una propuesta planteada por el Ejecutivo en las últimas semanas en la búsqueda de una salida al conflicto que ha cobrado la vida de varias personas en el sector.

Los campesinos no aceptaron la propuesta del gobierno que consiste en la asignación de dos hectáreas de tierra por familia mediante un mecanismo de coinversión, a través del cual pueden producir palma africana y luego hacer llegar el producto a las plantas procesadoras de los empresarios instalados en la zona.

Según el gobierno, el planteamiento estaría beneficiando a unas 3,000 familias mediante la asignación de 6,000 hectáreas de tierra que serían negociadas con el sector empresarial.

Contrapropuesta

Los campesinos, representados por el Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), rechazaron el planteamiento en un encuentro que sostuvieron la tarde de ayer con el presidente Porfirio Lobo en Casa Presidencial.

"Nosotros decidimos rechazar la propuesta del gobierno y hacer una contrapropuesta oficial que contiene varios puntos, entre ellos que queremos la recuperación de las 28 ex cooperativas que fueron de reforma agraria para las empresas campesinas y que se cumpla la Ley de Reforma Agraria que señala que el mínimo para cada familia campesina es de cinco hectáreas", dijo Rudy Hernández, representante campesino.

Si las 3,000 familias recibieran 5 hectáreas cada una, en total serían 15,000 hectáreas de tierra.

Respuesta

La contrapropuesta fue rechazada por el titular del Ejecutivo, quien planteó a los campesinos que es "imposible" para el gobierno cumplir el nuevo planteamiento.

"Pepe" recomendó a los campesinos analizar de nuevo la propuesta del gobierno como una salida inmediata al conflicto en el Bajo Aguán.

La otra salida que el gobierno planteó a los campesinos es la implementación de un acta de compromiso que los campesinos suscribieron en junio de 2009 con el ex presidente Manuel Zelaya y que establece que el conflicto se diluya mediante la vía judicial a través de un proceso de investigación.

"Se les planteó por parte del gobierno que teníamos dos opciones: retomar un acta de compromiso que firmó en junio de 2009 el MUCA, o que de nuevo consulten con las bases la posibilidad de tomar en consideración la primera propuesta del gobierno", manifestó en conferencia de prensa el designado presidencial, Samuel Reyes.

Los campesinos se comprometieron a analizar ambos planteamientos y a retornar a la mesa de diálogo con el gobierno el martes 13 de abril.

"Si se retoma el acta de junio de 2009 eso nos lleva a un proceso judicial", apuntó Reyes.El Ministerio Público (MP) espera que mediante el diálogo se solucione el conflicto; caso contrario, procederá legalmente.

"Previo a tomar decisiones se está esperando que las negociaciones culminen con un acuerdo, es lo que esperamos", manifestó el fiscal Luis Rubí.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, manifestó que más que dotar de tierras a los campesinos, el presidente Lobo ha presentado una propuesta integral que incluye la asistencia técnica y financiera.

Dos guardias muertos

Las autoridades de investigación identificaron a los dos guardias de seguridad que fueron asesinados por supuestos campesinos en la aldea 25 de Abril.

Los guardias Marvin Celín Padilla Tablada, de 45 años, residente en la aldea de Tarros, e Ildebrán Javier Cardona Ocampo, de 50 años, y residente en la aldea Chapagua, tenían asignada la vigilancia de la finca Bolero, propiedad de la empresa Agropalma.

El pasado 1 de abril, a eso de las 2:00 de la mañana, llegaron los supuestos campesinos de la comunidad Honduras Aguán para apropiarse de las tierras.

Los dos guardias intentaron frenar la invasión, pero resultaron muertos, al igual que el joven campesino Miguel Alonso Oliva, de 22 años.

Los dos guardias murieron producto de impactos de bala en la cabeza.

Se conoció que las fincas propensas a la invasión son propiedad del empresario agroindustrial René Morales.