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IAIP da ultimátum a instituciones públicas

El gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa declaró 2010 como Año de la Transparencia, pero el inicio de su gestión mostró cosas contrarias a ese meta.
30.05.10 - Actualizado: 30.05.10 10:59pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

Las instituciones públicas deberán dar cuentas de sus gastos y otras operaciones de forma más clara, como lo indica la Ley de Transparencia, caso contrario el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) aplicará sanciones.

El Instituto de Transparencia aprobó en abril los Lineamientos de Uniformación de los Portales de Transparencia para que haya mayor cantidad y claridad de los datos sobre la forma en que operan las entidades estatales, información que deberá estar al día a mediados de julio, según se emplazó.

Los oficiales de Información Pública son los responsables de ejecutar esta disposición, o sea, publicar toda la documentación de oficio que corresponda en las páginas web de las entidades donde laboran, so pena de recibir hasta castigos económicos.

Esta determinación del IAIP se adopta en vista que la información que se ha divulgado en los portales generalmente es confusa y difícil de encontrar en los portales de Transparencia.

Es por eso que entre los lineamientos se exige que la presentación de la información sea "amigable", que tenga veracidad y simplicidad para que el interesado tenga acceso a la misma sin contratiempos.

Salarios

Una de las informaciones que deberán notificarse con mayor precisión es la remuneración mensual de los empleados y funcionarios.

Para ese fin "no se permite, bajo ningún punto publicar únicamente relación de salarios que indique máximo y mínimo de salarios por categoría", es decir que se debe de indicar el salario exacto de cada servidor público.

Respecto a los informes trimestrales de las ejecuciones presupuestarias que deben divulgarse, estas deberán contener detalles de las inversiones físicas y financieras y sus deudas.

Sobre el monitoreo de las licitaciones también se impusieron mayores controles.

Los procesos de adquisiciones deberán de contener datos como: monto adjudicado al contrato, nombre del proveedor, plazo para su cumplimiento y los mecanismos de vigilancia para fiscalizar los recursos.

Respecto a las licencias, concesiones o permisos que concede el Estado, la información respectiva deberá contener nombre o razón social de quien obtiene la autorización. Igualmente se deberá de indicar la vigencia y costo de la licencia.

Los contratos que suscriba el Estado tendrán que publicarse resaltando ciertos detalles, como monto del acuerdo, lugar donde se ejecuta la obra, plazo de ejecución y garantías de cumplimiento de obra.

"En todo caso, las instituciones obligadas podrán importar información pertinente de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones de Estado", dice el escrito de los lienamientos.

La Ley de Transparencia contiene una lista de la información de oficio que toda institución pública debe de publicar en un portal especial colocado sus direcciones electrónicas.

No obstante, el nivel de cumplimiento de estas disposiciones es insatisfactoria en un gran porcentaje, razón por la cual el IAIP acordó la aprobación de los lineamientos para uniformación de los portales de transparencia.

La medida busca "garantizar el principio de publicidad de información que se registre o documente la gestión de la administración pública", indica el acuerdo que contiene los lineamientos.

No se cumple

La falta de cumplimiento de todos los contenidos de la Ley de Transparencia ha sido una constante desde que la misma se aprobó en 2007.

Muchas instituciones todavía no tienen ni siquiera nombrado un oficial de Transparencia para que la ciudadanía pueda canalizar los pedidos de información.

El gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa declaró 2010 como Año de la Transparencia, pero el inicio de su gestión mostró cosas contrarias a ese meta.

Muchos portales de Transparencia no publican toda la información de oficio y las excusas sobran a la hora de justificar esta irregularidad.

Las justificaciones que se escuchan son que "no hay sistema informático" para subir la información o que "no hay máquina" escaneadora para copiar los documentos.

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Las instituciones están obligadas a mantener activos sus portales y cumplir todo lo establecido en la ley.
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