Honduras
Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informarán de forma oficial al Congreso Nacional su decisión de no participar en las compras directas que ejecute el Ejecutivo.
El oficio ya fue firmado por el pleno de los tres magistrados que dirigen el ente contralor.
"En el transcurso de esta semana se estará notificando al Congreso esta decisión para que ellos estén conscientes y como órgano superior del cual surge este Tribunal", informó el director ejecutivo del TSC, Moisés López Alvarenga.
Según el funcionario, esta decisión adoptada por el TSC está apegada a la ley y en un afán permanente de que las acciones ejecutadas por el gobierno sean transparentes y no salpicadas por la corrupción.
El TSC no quiere verse involucrado en los procesos de compras directas y ser cómplice en las irregularidades que se puedan cometer, explicó.
Aclara que el TSC no participará en procesos de compras directas a menos que se justifiquen las emergencias derivadas por la naturaleza o alguna catástrofe.
Injustificables
En toda administración pública, la regla general que garantiza una mayor transparencia es evacuar licitaciones públicas, la excepción son las compras directas.
Sin embargo, en la presente administración de Manuel Zelaya sucede lo contrario, ya que se caracteriza por ejecutar compras directas justificando supuestas emergencias, dejando por un lado las licitaciones públicas.
"El Tribunal tomó la decisión de abstenerse de participar en los procesos de contratación directa basado en supuestas emergencias, porque no se ha determinado que estas sean reales", manifestó el director.
Entre las compras directas de este gobierno está la compra de calcomanías para el "Hoy no circula", 250 megas de energía a base de carbón, la grama en el estadio Nacional y la habilitación de Palmerola para vuelos comerciales.
"No hemos visto ninguna situación de la naturaleza como catástrofes o calamidades que induzcan a hacer este tipo de contrataciones directas", indicó.
El TSC investigará cada una de las compras directas cuando estás concluyan e impondrá pliegos de responsabilidad civil o administrativa en los casos que correspondan, advirtió.
Si hay responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito, el caso se remitirá a la Fiscalía contra la Corrupción para que interponga las acusaciones penales.