Honduras
El período de transición entre lo que fue la corrupta Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohedefor) y el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) tiene un costo político y económico para los bosques hondureños y para las finanzas del Estado.
Cambiar la estructura de Cohdefor al ICF implicó un costo económico de entre 80 y 100 millones de lempiras, se informó ayer en el Congreso Nacional.
En tanto, en lo político, los grupos de poder ejercieron sus influencias para que este en período se otorgaran innumerables contratos de subasta de bosques, dejando enajenadas grandes extensiones de este recurso que ni las nuevas autoridades son capaces de cuantificar.
Es por esta razón que la Comisión de Recursos Naturales del Congreso Nacional, que preside la diputada Paola Castro, y la directiva del Congreso Nacional, encabezada por el secretario José Alfredo Saavedra, hizo comparecer ayer a la directora del ICF, Suyapa Otero.
La intención fue conocer en qué condiciones recibió la administración forestal del Estado.
Otero explicó que la nueva legislación será efectiva en el ICF. Indicó que una de las herencias que dejó Cohdefor son demandas millonarias de tipo financiero, las que no cuantificó. Tampoco reveló la cantidad de subastas que otorgó la última administración de Cohdefor.
Otero especificó que actualmente el ICF se encuentra en el proceso de reestructuración de personal. Cohdefor tenía 375 empleados y ahora se propone una estructura de 380 empleados.