Compra de energía ha sido un proceso oscuro y mal manejado

En manos del Congreso Nacional está garantizar la transparencia en el proceso de compra de 150 megavatios de energía a base de carbón.

Al menos esta es la opinión de Luis Cosenza, experto en temas energéticos y ex ministro de la presidencia durante el gobierno de Ricardo Maduro.

Se ha previsto que el Legislativo estaría aprobando hoy el cuestionado contrato de energía a favor de la compañía Comercializadora de Energía Centroamericana, Honduras, SA (CECHSA).

Esto se haría en medio de enormes dudas. A los cuestionamientos también se ha sumado el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), advirtiendo que el proceso de adquisición no siguió las normas de transparencia requeridas. Aquí las reflexiones de Cosenza:
Se ha hablado que el Congreso Nacional aprobará el contrato de energía a base de carbón.

¿Qué opinión le merece?

Me parece que son la consecuencia de un proceso oscuro y muy mal manejado.

Uno de los argumentos del experto internacional contratado por el TSC plantea que si se hubiera procedido por medio de una licitación pública internacional, con especificaciones bien elaboradas, y dando el tiempo necesario para preparar una oferta para una licitación de esta magnitud, se hubiera obtenido mejores precios y se hubiera protegido mejor el ambiente.
¿Qué implicaciones traería para el país la aprobación del contrato?

Las consecuencias para el país son, en balance, muy negativas. En primer lugar, un proceso oscuro y cuestionado nacional e internacionalmente empaña la imagen de nuestro país y de nuestras instituciones y perpetúa la percepción de corrupción.

Por otro lado, de julio de 2003 a julio de 2008, los precios del carbón pasaron de $25 a $180 la tonelada, mientras que el barril de petróleo pasó de $30 a $135. En otras palabras, el carbón se ha encarecido con respecto al petróleo, lo cual significa que los contratos que propone el Ejecutivo resultarán en precios altos para la compra de energía.
¿Es cierto que la energía que se estaría comprando es mucho más cara que la adquirida por Guatemala a esta misma empresa?

Desconozco si uno de los oferentes vende energía más barata en Guatemala.

Sin embargo, lo que sí puede afirmarse, como lo hizo el experto contratado por el TSC, es que de haberse recurrido a una licitación pública e internacional, en lugar de recurrir a compras de emergencia, se hubiera logrado mejores precios y condiciones.

El Tribunal Superior de Cuentas ha criticado fuertemente la determinación del gobierno, sin embargo, se ha hecho caso omiso a esta opinión. Se ha dicho que el TSC defiende intereses ajenos. ¿Qué opina usted? Decir que el TSC defiende intereses ajenos es recurrir a la artimaña más vieja que contiene la bolsa de trucos sucios de los políticos.

Cuando no se puede rebatir el mensaje, hay que destruir el mensajero, y esto se hace atribuyéndole la búsqueda de intereses oscuros. Por supuesto que esta es una espada de dos filos, porque igualmente la ciudadanía podría preguntarse

¿qué intereses defiende o persigue el Ejecutivo cuando insiste en adjudicar contratos que son tan cuestionados?
El presidente de la república ha dado declaraciones ante los cuestionamientos al TSC.

El mandatario ha dicho que sí hubo proceso de licitación. ¿Qué conoce usted sobre esto?

Es falso que los contratos para la compra de energía generada con carbón resulten de un proceso de licitación pública e internacional. De hecho, para proceder como lo hicieron recurrieron a una declaratoria de emergencia nacional en Consejo de Ministros.

Lo que resultó fue un proceso de compra directa y posteriormente una negociación oscura de los respectivos contratos. El proceso, simple y llanamente, no llena los requisitos de la Ley de Contratación del Estado.

¿Cree usted que en el Congreso Nacional se manejaron algunos intereses para la aprobación de este cuestionado contrato?

El Poder Ejecutivo ha colocado al Congreso de la república en una situación muy difícil.

Eso parece haber sido preparado premeditadamente para obligar al Congreso a escoger entre racionamiento y probidad. Si el Congreso decide preservar el debido proceso y la probidad en el manejo de los asuntos públicos, debe rechazar los contratos que le han sido presentados.

Por supuesto que el atraso en todo el proceso es responsabilidad absoluta del presidente de la República, pero eso ha sido ignorado. Los diputados deberán votar según lo que les dicte su conciencia, o según lo que les manden otros.