TSE multará a políticos violadores de la ley

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio un plazo de diez días ayer a los políticos para que retiren la propaganda colocada sobre bienes públicos, de lo contrario serán sancionados con multas de cien a 200 salarios mínimos.

Al iniciar el sábado el período de 50 días para hacer proselitismo abierto, los candidatos a cargos de elección popular, entre ellos aspirantes a la candidatura presidencial, diputados y alcaldes, se dedicaron a llenar de afiches los postes de energía y edificios públicos.

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en su artículo 148, dice que es terminantemente prohibido en todo tiempo: “Fijar o pintar carteles, rótulos, dibujos u otros anuncios en edificios, mobiliario o equipo utilizado por propiedad del Estado, monumentos públicos, templos religiosos, señales de tránsito, rótulos y demás objetos en las vías públicas”.

Además, “fijar propaganda sobre la ya colocada en lugares autorizados,obstaculizar el tránsito o la visión de personas o de vehículos”. Igualmente es prohibido “exhortar a los ciudadanos a que apoyen, se adhieran, o separen de los partidos políticos, alianzas, movimientos internos o candidaturas independientes, valiéndose de creencias o motivos religiosos”.

El TSE se reunió ayer con las comisiones políticas de los partidos para hacerles saber de la necesidad de que las corrientes inscritas cumplan con la ley.

Por la tarde, el magistrado Jacobo Hernández Cruz recibió a un representante de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para coordinar un operativo de limpieza de propaganda en el caso de que los políticos no la desmantelen en el plazo otorgado.

Hernández Cruz dijo que el alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, y el de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Suncery, han expresado su voluntad para quitar los afiches y demás mensajes colocados, algunas veces hasta con clavos, de los postes del tendido eléctrico.
El TSE tiene evidencias de cómo los políticos han violado la ley en los últimos tres días.

Si continúan transgrediéndola se reunirá el Pleno y se emplazarán a los infractores para que comparezcan en el término de cinco días a desvanecer las pruebas. De no hacerlo se emitirán las resoluciones contentivas de las sanciones.

La medida va dirigida contra todos los políticos que han irrespetado la ley en todo el país, dijo el magistrado Hernández.

Mientras, el también magistrado, Saúl Escobar, dijo que la colocación de propaganda en la propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no sólo viola la ley sino que “desmejora el ornato” de la ciudad.