Envían peticiones para suspender a quienes no declararon bienes

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) comenzó ayer a pedir a las instituciones públicas que suspendan a los funcionarios que no hicieron su declaración jurada de bienes.

En la lista están 2,500 servidores públicos que no quisieron reportan su patrimonio financiero, pese a que el plazo para ese trámite se extendió.

“El personal del Tribunal entregará a las oficinas de Recursos Humanos de cada entidad los nombres de los funcionarios que deben de ser castigados y eso ya empezó desde hoy”, dijo el director ejecutivo del TSC, Moisés López.

La primera dependencia a la que se le solicitó que hiciera separación de cargos contras los “morosos” es el Instituto de Conservación Forestal.

Funcionarios

Si el Tribunal hace cumplir la ley, funcionarios como el comisionado de Conatel, Raúl Valladares; el gerente de la Empresa Nacional Portuaria, Roberto Babum y el secretario de Congreso Nacional, José Ángel Saavedra, deberían ser suspendidos.

En esta nómina también se incluye a diputados propietarios, suplentes, alcaldes, regidores y hasta directivos deportivos.

“La ley no establece ninguna excepción, habla de todos los funcionarios públicos y los funcionarios públicos son desde el presidente de la República hasta el último conserje”.

Estos y otros funcionarios solo podrán regresar al cargo cuando hayan actualizado su declaración de bienes, explicó López. Una vez que llega la notificación a las instituciones estatales pidiendo las separaciones esto debería de suceder de inmediato, aseguró.

El gerente de Recursos Humanos o los miembros de las juntas directivas que no apliquen las suspensiones que se les ordena, serán castigados con una multa de el 50 por ciento de sus salarios.

La Ley del TSC establece una multa de 2,000 a un millón de lempiras, pero el Tribunal usará guantes blancos para aplicar la sanción financiera, según explica Moisés López.

“Porque es la primera vez, entonces la multa para todos se quedará en 2,000 lempiras”, explicó. La falta de declaraciones de bienes no inhabilita a los que aspiren a cargos de elección popular.

No se ha calculado exactamente cuánto tiempo se tardará el proceso de entrega de notificaciones porque hay que visitar decenas de oficinas a nivel nacional.

“Posiblemente en lo que falte del año se haya terminado de entregar las notificaciones”, dijo el funcionario.

El plazo para hacer la declaración jurada de bienes venció en abril de este año y unos 8 mil funcionarios no cumplieron ese deber.
Pero el Tribunal prorrogó ese plazo para junio, lapso en el cual unos 5,000 se pusieron al día.

Los obligados a reportar sus ingresos y egresos son cerca de 16 mil funcionarios que perciben 30 mil lempiras o más, según la Ley de Tribunal Superior de Cuentas.

El artículo 57 de la Ley Orgánica del TSC establece que las personas obligadas deberán presentar la declaración dentro de los 45 días calendario siguientes al ingresar al cargo o al servicio público por primera vez, reingresar a un cargo gubernamental, cambiar de dependencia o entidad, ascender o cambiar de puesto o modificar el salario, entre otras.