Honduras
Los presidentes de los poderes judiciales de América Latina reafirmaron ayer en esta ciudad el compromiso de brindar un acceso a la justicia con equidad.
La declaración conjunta de los titulares de las Cortes Supremas de Justicia se realizó en el marco del desarrollo del “Taller internacional sobre inclusión, justicia y equidad para todos en América Latina”.
Para garantizar una justicia al alcance de todos los participantes evaluaron la reacción de los actuales sistemas ante la ola de delitos que azota la región.
Honduras fue sede de este encuentro internacional porque obtuvo un primer lugar por la implementación del novedoso proyecto de Juzgados de Paz Móviles, como una forma de eficaz de acceso a la justicia, destacó Karen Abudinem, coordinadora del proyecto de Mejoras al Sistema Judicial, del Banco Mundial (BM).
“Como nos hemos enterado de que el sistema de acceso es un poco deficiente, queremos generar compromisos de presidentes de cortes para implementar sistemas de acceso a la justicia transparente sin discriminación de clases sociales”, añadió.
Por su parte la presidenta de la CSJ, Vilma Morales, manifestó que “cuando otros derechos son violentados, el acceso a la justicia constituye la vía para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la ley”.
Situación de Honduras
En el taller, la consultora del Banco Mundial, Tirza Rivera, presentó un informe sobre el crimen y la violencia en Centroamérica, tomando como fuente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Los niveles de violencia y crimen se han incrementado.
El número de homicidios por 100,000 sitúa a El Salvador, Guatemala y Honduras entre los países más peligrosos de América Latina”, expuso.
“El número de secuestros en Guatemala y Honduras ha crecido a gran velocidad. San Pedro Sula se ha convertido en la ‘capital de los secuestros en Centroamérica’, tráfico de drogas, pandillas y tráfico de armas son algunos de los principales problemas de los gobiernos democráticos de la región”, cita el informe.
Por tal razón los poderes judiciales devienen en la necesidad de homologar actividades de acceso a la justicia a los más necesitados, recomendó.
Entre otros aspectos, el informe señala que en Honduras existe un 52 por ciento de confianza en la justicia. Asimismo, la mitad de la población desconfía de la policía.
Se califica que la CSJ de Honduras tiene un presupuesto “muy bajo”, el que provoca un indicador de la existencia de tan solo ocho jueces por cada 100,000 habitantes.
A pesar de las limitaciones, en Honduras se implementan estrategias para brindar un acceso a la justicia a los más pobres, como la implementación de los Juzgados de Paz Móviles.