Conatel desconoce autoridad del Juzgado de lo Contencioso

Nadie está por encima de las leyes y de las sentencias judiciales definitivas. Eso lo desconocen las actuales autoridades de Conatel.

Prueba de ello es un comunicado oficial emitido ayer, firmado por el presidente de Conatel, José Raúl Valladares, y la comisionada secretaria de esta entidad, Sinia Carolina Díaz. Recientemente, una Corte de Apelaciones dejó firme una sentencia del Juzgado

Contencioso Administrativo en la cual se ordena adjudicar la frecuencia de canal 8 de televisión a la Sociedad Mercantil Teleunsa.

En consecuencia se desautoriza una resolución administrativa emitida por Conatel, en la cual otorga esta frecuencia al Ministerio de la Presidencia.

“En virtud de los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días, respecto a la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico por disputas judiciales, a través de la presente, se les recuerda que conforme a lo que establece la Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones, corresponde al Estado, a través del Presidente de la República, la formulación de políticas relacionadas con las telecomunicaciones y, por medio de Conatel, regular y fiscalizar la explotación y operación de las telecomunicaciones en Honduras, razón por la cual todas las autorizaciones de títulos habilitantes (permisos, licencias y registros) deben ser autorizados única y exclusivamente por esta Comisión, asimismo las modificaciones a los mismos”, cita un comunicado emitido por Conatel a los operadores de servicios de telecomunicación.

“En base a lo anterior, se desautoriza a cualquier otra entidad que pretenda realizar acciones encaminadas a girar instrucciones respecto a la operación de las telecomunicaciones”, añade el comunicado de Valladares y Díaz.

Desobediencia

Esta disposición es interpretada como una rebeldía de Conatel a las facultades que tiene el Juzgado Contencioso de emitir sentencias sobre resoluciones administrativas.

“Es evidente que Conatel continúa con su política de desacatar las órdenes judiciales cuando la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia han avalado que el procedimiento de ejecución forzosa de la sentencia que se dictó a favor de Teleunsa es totalmente valido”, expresó Jorge Calderón, apoderado de Teleunsa.

“No entendemos por qué Conatel se resiste a darle cumplimiento a una orden judicial, aquí lo delicado radica en que ya se está emitiendo una contraorden de parte de Conatel que le causa perjuicio a los firmantes, Raúl Valladares y la secretaria Senia Díaz”, indicó.

Ante tal situación, los apoderados de Teleunsa consideran que estos funcionarios habrían incurrido en responsabilidades penales.

“Solicitamos hoy (ayer) al Juzgado de lo Contencioso Administrativo que le libre comunicación a la Fiscalía del Ministerio Público para que inicie las acciones legales”, argumentó Calderón.

“Los tribunales dan una orden y el presidente de Conatel da una contraorden, imagínese en qué tipo de estado de derecho nos encontramos”, lamentó.

La Constitución de la República señala que quien tiene mayor validez es la orden del tribunal. Como medio de prueba bastó la comunicación firmada por Valladares y Díaz.

“Lo hablan en general, no dan la cara, estos están en un lío porque el juez les tendrá que preguntar si ese comunicado es una contraorden judicial”, puntualizó.

En el caso que fuera cierto lo que dicen Valladares y Díaz, Conatel estaría decretando la ilegalidad del otorgamiento de las frecuencias 6, 11 y 13 de televisión, las que fueron adjudicadas por el Juzgado de lo Contencioso.

En el caso de canal 11, el juzgado adjudicó la frecuencia a Sotel, cuando el apoderado de Conatel era Enrique Flores Lanza, actual ministro de la Presidencia.