Honduras
Las sentencias definitivas se cumplen, nadie, mucho menos las autoridades, deben hacer caso omiso de ellas. Así lo reiteró la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales.
Recientemente una Corte de Apelaciones y el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo dejaron firme una sentencia en la cual se ordena adjudicar la frecuencia de canal 8 de televisión a la Sociedad Mercantil Teleunsa.
Asimismo, se instruye anular una resolución administrativa que adjudica esta misma frecuencia al Ministerio de la Presidencia.
En un comunicado emitido por Conatel, firmado por el presidente de la entidad, Raúl Valladares, y la secretaria general, Senia Díaz, se desconocen las facultades del Juzgado Contencioso de emitir sentencias conducentes a enmendar resoluciones administrativas.
En este caso Conatel se resiste a cumplir la sentencia definitiva de adjudicar la frecuencia de canal 8 a Teleunsa argumentando que el Juzgado no tiene esas facultades.
Sin embargo, en la Constitución de la República se expone que las sentencias definitivas están sobre cualquier resolución administrativa. Para ello se creo el Juzgado Contencioso Administrativo, para revisar los actos administrativos que realiza el Estado.
Imparcial y objetivo
Sobre el particular, la titular de la CSJ recordó que cuando se emite una sentencia definitiva se está en la obligación de cumplirla y respetarla.
“Yo, como juez, únicamente quiero decir que lo único que podemos hacer es respetar una decisión judicial, las decisiones hay que franquearlas por el uso de los recursos”, expresó la presidenta de la CSJ.
“Las sentencias son de obligatorio cumplimiento y nosotros esperamos que precisamente esas sentencias nos permitan darle a la ciudadanía cada día la fortaleza que necesita el Estado de Derecho”, afirmó.
El no cumplimiento de sentencias pone en entredicho la seguridad jurídica de un país.
“Sobre todo la seguridad jurídica, ningún órgano del Estado puede dudar de un resultado judicial”, precisó.
La Casa Presidencial y Conatel han emprendido una campaña de desprestigio de jueces que han decretado la sentencia a favor de Teleunsa.
Se asevera que esta sentencia tiene tintes políticos y económicos, que el Poder Judicial pretende dejar sin un canal de televisión al gobierno.
“Hemos leído a través de la prensa, hemos escuchado algunos comentarios, queremos pensar que son producto del impulso, de la emoción”, manifestó la magistrada.
En ese sentido, Vilma Morales reafirmó que las sentencias judiciales, como el caso en mención, se dictan con la absoluta independencia, sin injerencia de cualquier sector.
“Jamás las resoluciones se dictan por interferencia, quiero decirle a cualquier ciudadano y ciudadana, nos sometemos al veredicto de la sociedad, jamás hemos violentado ni transgredido la independencia de ningún juez, ni hemos permitido que nuestra independencia de juez sea ofendida”, precisó.
Para el caso indicó que los jueces adoptan sus resoluciones en base a las pruebas que le hacen llegar las partes intervinientes en el proceso. “Un expediente judicial solo por esa vía se puede resolver”, concluyó Morales.
Los funcionarios sometidos a las leyes
Las autoridades de Presidencial y Conatel, como las demás de otras entidades, están obligadas a cumplir las leyes y no estar por encima de ellas.
En la Constitución de la República se señala en el artículo 322 que “Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: ‘Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes’”.
El artículo 323 cita que “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.