Piden transparencia en pago de indemnizaciones

La Presidencia debe actuar con transparencia en el pago de indemnizaciones a dos casos de desapariciones forzadas en la década de los ochenta.

La Fiscal Derechos Humanos Sandra Ponce, dijo que "Creemos que toda actuación que suponga la gestión de fondos públicos debe de hacerse con absoluta transparencia”.

Para no pagar demandas, el Ejecutivo entró en un proceso de solución amistosa con el actual asesor legal de la Presidencia, Milton Jiménez Puerto y a la presidenta del Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva.

En tal sentido, se emitió el Decreto Ejecutivo N. PCM-028-2008. En un informe oficial se registraron 184 casos de desapariciones forzadas, sin embargo, el decreto en mención solo hace referencia a indemnizar a Oliva y a su vástago Tomás Alberto Nativí, por ser la esposa e hijo, respectivamente, del desaparecido Tomás Nativí. Asimismo, se ordena indemnizar a Jiménez Puerto, junto a otros cinco estudiantes universitarios a quienes les habrían violentado los derechos humanos en esa época, entre ellas la hermana de este funcionario, Marlen Jiménez.

Por tales hechos las autoridades de la Fiscalía de los Derechos Humanos consideran que el decreto es excluyente y que se debió beneficiar a la totalidad de las víctimas, sin particularizar a dos casos en específico.

El decreto crea el Programa Nacional de Reparaciones, adscrito a la Presidencia de la República, quien determinará la cuantía a pagar por concepto de indemnización a los beneficiados. "Instamos a que el proceso sea absolutamente transparente, como corresponde, y que sea incluyente a todas las víctimas", expresó la fiscal especial de los Derechos Humanos, Sandra Ponce.

"Las reparaciones provienen de fondos del Estado y están sujetos a un régimen de control y transparencia", manifestó la fiscal. "En el momento que la Fiscalía tenga conocimiento que se produce una irregularidad el Ministerio Público es competente para verificar, al igual que el Tribunal Superior de Cuentas", puntualizó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina parámetros que deben tomarse en un cuenta en el pago de indemnizaciones, como el lucro cesante, el daño emergente, moral y otros factores.