Corren a declarar bienes para que no los despidan

El temor a perder el trabajo pudo más que guardar el secreto de sus riquezas.

Unos 2,000 funcionarios de los 2,500 que estaban "en capilla" por no actualizar su declaración jurada de bienes corrieron a cumplir con ese deber ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El organismo contralor giró instrucciones a las oficinas de Recursos Humanos de las dependencias para que despidieran a los servidores públicos que no se pusieron al día en la información de sus patrimonios.

Ante esa amenaza, no les quedó más remedio que notificar sobre su nueva condición económica.

Al TSC todavía le falta por entregar 500 notificaciones de despidos, las que no se han dado por problemas de logística. "Por cuestiones de logística no se han entregado todas las notas, pero se hará en el transcurso de los días", prometió el director ejecutivo del TSC.

Multas

De lo que no se salvarán los funcionarios es de la multa de 2 mil lempiras por no declarar sus bienes, que es la multa más baja por esa falta.

La multa máxima que establece la ley de TSC es de 1 millón de lempiras, pero la institución consideró que solo por esta vez impondrá el castigo mínimo.

Solo los funcionarios que perciben 30 mil lempiras mensuales o más de sueldo son los que deben de actualizar su declaración jurada.

Irresponsables

La ley de TSC establece que en los primeros cuatro meses de cada año, los funcionarios tienen que actualizar su declaración jurada de bienes.

En el país hay casi 18 mil personas que trabajan en el gobierno y que tienen que presentar esta declaración.

No obstante, inicialmente solo 8 mil cumplieron con esta obligación, por lo que extendió el plazo en varias ocasiones para que llegaran a notificar su nivel económico.

Al final, con las prórrogas, fueron unos 15,500 los que actualizaron sus reportes, quedando 2,500 a los que correspondía separar del cargo y aplicar las sanciones económicas.

Pero como después del anuncio de que serían cesanteados 2,000 funcionarios reflexionaron y se pusieron al día con la información de sus bienes

Si los restantes 500 no hacen los mismo, la notificación de despido se tiene que cumplir.

El funcionario que no quiera declarar cuánto dinero y bienes tiene es sospechoso de enriquecimiento ilícito, según la legislación nacional y los órganos contralores están facultados para actuar en contra de él.

Entre los que siguen retrasando en dar esa información figuran diputados, alcaldes y gerentes de instituciones del gobierno central.

Cercanos colaboradores del presidente Manuel Zelaya forman parte también de los insolventes, según los reportes en manos del TSC.