Enormes retos tendrá el CN de Honduras

El año 2009 viene cargado de retos, responsabilidades y hasta el pago de una mora legislativa que el Congreso Nacional tiene para con el pueblo hondureño.

Una de las grandes responsabilidades que tendrá este poder del Estado en este año que comienza es la de elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia que fungirá para el período 2009-2016.

En su cuarta y última legislatura, el CN también tendrá el reto de elegir a los titulares del Ministerio Público: un fiscal general y el fiscal adjunto, conforme lo establece la Constitución de la República.

Y, por si fuera poco, a este Congreso Nacional le corresponderá seleccionar a los tres magistrados de un nuevo Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de un Tribunal Supremo Electoral (TSE), en aplicación de las reformas político institucionales que entraron en vigencia hace siete años.

La nueva Corte Suprema de Justicia será electa el 25 de enero, al instalarse el cuarto y último período de sesiones legislativas.

Una Junta Nominadora ha venido trabajando desde el mes de octubre en la selección de 45 candidatos, de los cuales 15 serán los ungidos magistrados por el pleno de diputados.

Para evitar negociaciones oscuras, la ley dice que esta nómina debe ser remitida al Poder Legislativo a más tardar el 24 de enero, un día antes de la elección.

El reto significativo del CN será elegir con transparencia y sin ningún sesgo político a los nuevos magistrados. Unas 200 organizaciones de la sociedad civil estarán expectantes de este acontecimiento.

Hace poco fue refrendado por 30,000 firmas un documento en el que exigen al Congreso Nacional realizar esta escogencia sin ningún tipo de sectarismo.

En las mismas condiciones deberá actuar el Legislativo al momento de escoger, en abril de este año, al fiscal general y fiscal adjunto; a los magistrados de los Tribunales Superior de Cuentas y Supremo Electoral, respectivamente.

La experiencia reciente es que quienes han dirigido a estos organismos han respondido a los interés de los grupos políticos que, en su momento, participaron en su escogencia.

Moras

En materia legislativa, el Congreso Nacional tiene pendiente la aprobación de la Ley Marco de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, un instrumento que ha venido siendo objeto de consenso entre las partes involucradas durante los últimos tres años sin resultados concretos.

Según expertos en la materia, así como personeros de organismos internacionales de cooperación, la Ley de Telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo de Honduras, por cuanto permitirá que el país se inserte en un mundo tecnológico de alta valoración para situaciones de comercio y comunicación con el mundo exterior; además, fomentará la inversión y democratizará el sistema de telecomunicaciones en el país.

En el marco de las responsabilidades legislativas, otro reto del Congreso Nacional será la aprobación de las reformas al Código Procesal Penal que permitirán sustituir algunas medidas precautorias de arresto a peligrosos delincuentes y a los agentes del crimen organizado.

Junto a estas reformas, los analistas plantean que igualmente se debe aprobar la Ley del Régimen Penitenciario, que permitirá convertir las cárceles en verdaderos centros de rehabilitación y no en escuelas del crimen como ocurre actualmente.

La nueva Ley de Minería sigue siendo un reto para el Congreso Nacional, sobre todo para superar las diferencias entre empresarios mineros y ambientalistas.

Honduras no cuenta con un marco jurídico para regular la explotación minera luego que la Corte Suprema de Justicia declarase inconstitucionales los artículos más fundamentales de la Ley de Fomento a la Minería, creada en 1998, tras los desastres provocados por el huracán Mitch, que dejaron terribles huellas en territorios potencialmente dedicados a la explotación de los recursos naturales, entre estos los minerales metálicos y no metálicos.

No menos importante será para los diputados introducir reformas a la Ley Electoral para corregir las distorsiones que se produjeron en las elecciones primarias e internas de los partidos políticos, sobre todo en lo que se refiere a los mecanismos de elección de los candidatos a diputados, la modalidad de los escrutinios, la acreditación de delegados de las mesas electorales receptoras, el uso de las credenciales y otros detalles para mejorar la transparencia de los procesos electorales en Honduras.

El 2009 será un año político, pero no por eso los diputados dejarán a la deriva su responsabilidad de legislar para mejorar las condiciones de gobernabilidad del país.