Verificarán si aspirantes de Honduras tienen cuentas pendientes

Los que aspiran a ser electos a cargos de elección popular, en las elecciones generales a celebrarse el próximo 29 de noviembre, están bajo la lupa de los entes contralores del Estado.

Las diligencias investigativas serán efectuadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en los archivos que maneja esta institución.

Luego de celebradas las elecciones primarias de los partidos Liberal y Nacional, el pasado 30 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) efectuó la declaratoria de dichos comicios.

El ente contralor espera la copia de dicha declaratoria para verificar si los que aspiran a cargos presidenciales, a diputaciones y corporaciones municipales tienen cuentas pendientes con el Estado.

Igual procedimiento se efectuará con los candidatos de los partidos Unificación Democrática, Democracia Cristiana e Innovación y Unidad.

“Cumpliendo plenamente la ley, nosotros vamos a reunirnos con el Tribunal Supremo Electoral para que nos de con la debida anticipación la lista de todos los candidatos, de todos los partidos políticos”, manifestó Renán Sagastume, magistrado presidente del TSC.

“Esto para informarle al Tribunal Supremo Electoral si alguno de ellos tiene cuentas pendientes derivadas de responsabilidades civiles que no hayan cubierto adecuadamente”, añadió.

Los candidatos a los que se les encuentren cuentas pendientes del Estado serán inhabilitados para aspirar al cargo a que son propuestos.

“A quienes se les encuentren cuentas pendientes, esas personas serán inhabilitadas para optar a cargos de elección popular”, afirmó el magistrado.

Lo que se busca es constatar que los políticos que aspiran a cargos de elección popular han ejercido acciones transparentes en la gestión pública o, por el contrario, han estado involucrados en reparos o enriquecimiento ilícito.

Aspectos a revisar

Se examinará si los aspirantes que son funcionarios públicos han cumplido con la presentación periódica de las declaraciones juradas de bienes.

En ese sentido se constatará si se les han aplicado pliegos de responsabilidad civil, administrativa o penal y si los mismos han sido reparados por los que aparezcan involucrados.

Cabe señalar que a la fecha existen unos 500 servidores públicos que incumplieron el requisito legal de presentar la declaración de bienes, muchos de ellos aspiran a cargos de elección.

“Como todavía (la revisión de expedientes) la hacemos manualmente, vamos a reunirnos en la primera semana de enero para empezar a pedir esta información (al TSE), para tener el tiempo suficiente para hacerlo y que no se nos pase la información una semana antes de que se venza la inscripción, lo cual sería prácticamente imposible concluirlo”, expresó Sagastume.

El informe final será remitido por el TSC a los magistrados del TSE para determinar si procede resolver inhabilitaciones a aspirantes a cargos de elección popular.