CCIT pide al MP acusar a quienes incumplen sentencias en Honduras

La junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) pidió al Ministerio Público proceder contra funcionarios que incumplen las sentencias judiciales firmes que adjudican las frecuencias televisivas de los canales 8 y 12.

En sentencias definitivas, la Corte Suprema de Justicia ordena la adjudicación de las frecuencias de canal 8 a la empresa Teleunsa y la del 12 a Eldi, S. de R. L., sin embargo, desde Conatel y Presidencial no hay voluntad de cumplirlas.

En tal sentido, la CCIT se vio en la necesidad de emitir un pronunciamiento ante las denuncias de sus afiliados “por las acciones u omisiones de algunos funcionarios públicos que ponen en precario el Estado de Derecho y la institucionalidad de nuestras organizaciones al incumplir sentencias firmes emitidas por la Corte Suprema de Justicia y ejercer la función pública de manera irregular”, cita el comunicado.

Garantías

Entre sus considerandos, la directiva de la CCIT expone que el Estado debe reconocer, garantizar y fomentar las libertades de inversión, de iniciativa y libre empresa.

“Es indispensable la separación e independencia de los poderes del Estado para vivir en una verdadera democracia.

En tal sentido, todos los ciudadanos deben estar sometidos al imperio de la ley, sin distingo de investidura o condición particular, cumplir la misma y respetar la jerarquía entre las leyes emitidas”, cita.

“En el mismo orden de ideas, no cabe recurso alguno contra las sentencias firmes emitidas por los órganos jurisdiccionales y no acatarlas crea incertidumbre e inseguridad jurídica, poniendo en tela de juicio nuestra institucionalidad, tal como acontece en estos momentos en los procesos judiciales promovidos por las empresas afiliadas Teleunsa, S. de R. L. y Eldi, S. de R. L., que han obtenido fallos judiciales favorables en todas las instancias y a pesar de ello ha resultado imposible ejecutar las respectivas sentencias.

Este tipo de arbitrariedades genera una mala señal a la inversión nacional y extranjera propiciando un clima de inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión directa”, subraya el comunicado.

“Exhortamos al Ministerio Público como garante de los intereses generales de la sociedad, a agilizar sus investigaciones y acciones criminales contra aquellas personas o entes que investidos de poder, abusan de sus funciones públicas para que no queden impunes estas conductas irregulares”, pide la CCIT.

Sobre el particular, el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado, aseguró que la Fiscalía investiga estos casos y se pronunciara en su momento.

“Creo que lo más pronto posible vamos a tener que tomar una decisión en cada caso”, expresó.

Las investigaciones están en su etapa de conclusión para definir e interponer las acusaciones ante los tribunales.