Política de seguridad del gobierno ha fracasado

El “libro de la muerte” abre sus hojas para apuntar más desgracias, más crimen y más derramamiento de sangre en la administración del presidente Zelaya.

El repunte de la violencia es casi de proporciones bélicas y más parecen propios de un país en guerra.
Según un informe del Observatorio de la Violencia, que respalda la Organización de las Naciones Unidas y la UNAH, el promedio de homicidios se disparó 25 por ciento en relación a 2007.

En el año 2007 se registraron 3,574 muertes violentas, mientras que en 2008 esa cifra subió a 4,473.

De estos fallecimientos, el 36 por ciento (1,400 personas) fue obra de los sicarios o “gatilleros”.
La Iglesia Católica asegura que “la situación es precaria”.
“Es preocupante ver que se acrecienta la situación precaria que afecta la salud, educación, economía, política y la diversa gama de relaciones humanas en nuestro país”, se afirma en un comunicado divulgado a través del periódico católico Fides.

Y continúa: “Es doloroso ver cómo la violencia sigue cobrándose tantas víctimas y el temor se hace patente en todos los estratos sociales”.

La Conferencia Episcopal advierte que “la crisis económica mundial que está afectando nuestra débil economía... los últimos despidos en fábricas en el área de la industria de la maquila y otros negocios anuncian momentos más difíciles”.

En ese sentido, se ha demandado a los diferentes sectores tomar “medidas urgentes que alivien esta situación que todavía no ha tocado fondo”.

EL HERALDO advirtió, a inicios de 2008, la floreciente industria del sicariato en Honduras pero las autoridades no tomaron cartas en el asunto.

El presidente de la Comisión contra el Narcotráfico y Seguridad del Congreso Nacional, Rodolfo Zelaya, demandó que haya más policías en las calles y se mejore el sistema de investigación de Seguridad.

A rendir cuentas

Por la creciente inseguridad, el ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, deberá comparecer ante el CN para informar por qué el fracaso de los planes contra la criminalidad.

Zelaya dice que de esa presentación esperan que Rodas dé cuentas de las operaciones que se han efectuado para encontrar dónde están los mayores errores en la estrategia.

“Tenemos que ver en qué se ha fallado y cómo se puede ayudar”, dijo.

“Las personas están casi presas porque ya no quieren salir de sus casas”, advirtió.

Por su parte, el presidente de Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, dijo que se debe mejorar el control de tenencia de las armas, porque el programa de posesión es demasiado liberal y no se cumple.

A juicio del presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, el problema es que el Ejecutivo se niega a integrar el Consejo de Seguridad Interior (Conasin).

“Lamentablemente se han rehusado a escuchar a la sociedad civil para enfrentar a la criminalidad y eso debe cambiar”, dijo. Facussé no vaciló en asegurar que la política de seguridad estatal ha fracasado y que eso se ve reflejado en las constantes muertes violentas.

“Todos los días vemos incidentes de violencias y muertes, entonces es que los controles no han dado resultado”.

“Es realmente impactante, nada de lo que se ha hecho ha podido frenar la ola de criminalidad”, dijo.

Lo lamentable, afirmó, es que la violencia ha mermado la inversión porque si no hay garantías de protección, los negocios no resultan y las empresas se van a otros países que ofrecen más seguridad ciudadana y jurídica.