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Fiscalía debe acusar a quienes promueven la Constituyente

Una Asamblea Nacional Constituyente solo se instala para trastocar los poderes del Estado constituidos, por lo que su convocatoria es un delito constitucional que debe ser penado
24.03.09 - Actualizado: 24.03.09 08:37pm - Alex Flores: alex.flopres@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

El Ministerio Público está obligado a ejecutar las acciones penales contra los que promueven la Asamblea Nacional Constituyente, según la Fundación Democracia sin Fronteras (FDSF).

Una Constituyente no está establecida en la Ley Superior y de instaurarse significa, de acuerdo a su definición, que rompe el sistema de gobierno, dice Ana Pineda, directora de FDSF.

“En un Estado de Derecho, una Constituyente tiene como función rearmar las funciones del Estado”, indicó. Esto significa violación a la Constitución por lo que atenta contra el artículo pétreo que prohibe modificar la forma de gobierno; razón por la cual la Fiscalía debe de proceder contra los gestores de la idea.

“El fiscal general debe de actuar de oficio... le tocará a el decidir qué va a pasar con el Estado de derecho”, dijo.

El artículo 330 del Código Penal establece una pena de 6 a 10 años a quienes promuevan la eliminación de la traba constitucional para la reelección presidencial.

De los 379 artículos de la Constitución 7 son pétreos o irreformables, entre estos: prohibición de ser nuevamente Presidente, seguir en el cargo, el que se refiere a las reformas o al territorio nacional.

La única forma de cambiar la Constitución es mediante el procedimiento de reformas, porque así dejó establecido la Asamblea Constituyente de hace 28 años.

“Es falso que la Constitución esté obsoleta”, remarcó.

También consideró inconstitucional el decreto ejecutivo que manda al Instituto de Nacional de Estadísticas (INE) hacer una consulta a la población sobre si está de acuerdo en una cuarta urna en las elecciones nacionales de noviembre para decidir si se convoca a la Constituyente.

Tanto el INE como las Fuerzas Armadas no tienen la atribución de desarrollar este proceso, por lo que si lo respalda, incurren en un crimen constitucional.

Diputados confundidos

La controversia por la cuarta urna ha provocado que hasta los mismos diputados liberales entren en una serie de contradicciones, ya que antes aseguraban que Zelaya no tenía ni la más mínima intención de quedarse en el poder o volver a ser presidente, pero ahora se ven en aprietos al intentar justificar las decisiones que ha tomado en las últimas horas.

Ayer, el diputado Valentín Suárez intentó explicar que la intención de Zelaya no es quedarse en el poder, pero fue timorato al intentar explicar el verdadero motivo que hay detrás de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La Constituyente tiene poderes omnímodos, teniendo la potestad inclusive de extender un periodo presidencial o aprobar la reelección presidencial continua o alterna.

Según el diputado Rodolfo Irías Navas, resulta curioso escuchar a los diputados liberales porque lo que antes cuestionaban ahora lo aprueban.

“Antes decían que no, después que sí, después que no”, dijo Irías Navas en declaraciones a los periodistas que cubren la fuente del Legislativo. Además, Irías ironizó que el pueblo “no es tonto” y sabe que detrás de todo lo que hay es una pretensión continuista o de perpetuarse en el poder.

“Si hablan como patos, caminan como patos, se mueven como patos, entonces son patos”, aseguró el diputado nacionalista.

Suárez no tuvo más opción que recurrir a la ya acostumbrada estrategia del ataque, al afirmar que son los nacionalistas los que han practicado los golpes de Estado.

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La jurista Ana Pineda considera que “no cabe la menor discusión” de que los artículos pétreos serían cambiados por la Asamblea Constituyente.
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