Gobierno despierta y anuncia medidas contra delincuencia

El gobierno decidió ejecutar una serie de medidas que debió aplicar desde el inicio de su gestión, como el decomiso de armas sin permiso, la prohibición de polarizados en el transporte, público y privado, y el pago de millonarias recompensas a quienes aporten información en la detención de secuestradores.

Pero también anunció otras medidas controversiales que podrían ser consideradas como acciones violatorias a la intimidad, ya que están encaminadas a grabar todas las conversaciones telefónicas.

Esta medida podría interpretarse como la legalización del espionaje telefónico que supuestamente se gestó desde Hondutel y por el cual hay casos judiciales abiertos contra ex funcionarios del actual gobierno.

En cadena de radio y televisión, los funcionarios aseguraron que estas medidas son para combatir la desenfrenada e histórica ola de violencia que azota el país.

Las medidas, que se debieron ejecutar desde que comenzó el gobierno, se anunciaron luego de una prolongada reunión en Casa Presidencial con funcionarios de Seguridad, Defensa y Poder Judicial.

De las 12 medidas, la determinación más polémica es que se autoriza a Conatel implementar medidas para que las compañías operadoras de telefonía celular graben las conversaciones telefónicas para que la información sea proporcionada a las autoridades.

De igual manera, se ordena que se identifique a la persona que compre chip de celular y, además, se eliminarán los números privados de móviles.

Toda persona que haga uso de computadoras en tiendas de Internet tendrán que identificarse.

A Finanzas se instruyó para que destine a Seguridad 10 millones de lempiras como fondo para pagar recompensas para quienes revelen datos que den con el paradero de los secuestradores y sus víctimas.

Los dueños de viviendas que sean utilizadas para retener a secuestrados serán sospechosos del crimen si no reportan “movimientos sospechosos” en los inmuebles.

Asimismo, se definió hacer operativos en las principales de ciudades grandes, decomiso de armas y de vehículos que sin autorización circulen sin placa.

A partir de la fecha se dará un plazo de 30 días para que todo automotor use su respectiva placa. Asimismo, queda vetado que los carros del transporte público usen vidrios polarizados.

En los centros educativos se montará vigilancia permanente así como a los buses que movilicen estudiantes.

La Policía y el Ejército “tomará control” de los centros penales y en estos sitios se bloqueará la señal de teléfonos celulares.

Se reiteró que el Poder Judicial está dispuesto a no conceder medidas sustitutivas a acusados de delitos de crimen organizado.