Sobornados enfrentan la prisión

Los funcionarios corruptos del actual gobierno que aceptaron sobornos a cambio de rebajar las tarifas de interconexión de Hondutel, enfrentarían penas de prisión entre 5 y 7 años.

Latinode confesó haber pagado sobornos por el orden de 20 millones de lempiras, primero para lograr el contrato y posteriormente, para conseguir tarifas más bajas, en detrimento de las finanzas de Hondutel y de los bolsillos de millares de hondureños que residen en Estados Unidos.

Dagoberto Mejía Pineda, litigador de carrera y catedrático de derecho en la UNAH, definió soborno como "Incentivo para complacer o ganar el ánimo ajeno. Penalmente el soborno se considera en su sinónimo como el cohecho", dicta el diccionario enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas.

Ya que el delito de soborno no está tipificado en el Código Penal hondureño, entonces la acusación será por cohecho.

Los artículos del Código Penal que les serán aplicados son el "V", artículo 361, el cual especifica que "el funcionario o empleado público que solicite, reciba o acepte, por sí o a través de otra persona, dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida para ejecutar un acto contrario a sus deberes que sea constitutivo de delito, será sancionado con reclusión de cinco (5) a siete (7) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido en razón de la dádiva o promesa".

Lamentablemente en Honduras todos los delitos son fiables y específicamente en el caso de Latinode-Hondutel, pueden existir medidas sustitutivas a la prisión, aunque el Congreso Nacional ya reformó el Código para que los ladrones de "cuello blanco" sean juzgados sin el goce de libertad. El penalista agregó que en el Código Penal anterior el cohecho (soborno) no era fiable porque estaba decretada la prisión para delitos arriba de cinco años.

"Los acusados tenían que esperar en la cárcel su sentencia. Creo que en este caso de soborno podrían los jueces no aplicar las medidas sustitutivas si lo consideran como delito grave y que las penas son mayores de cinco años", añadió. El trabajo que desarrollan los fiscales en el caso Latinode-Hondutel es fundamental, delito clasificado de orden público porque lo ejerce el Ministerio Público.

Son ellos los que están encargados de recabar todas las pruebas necesarias para después llevarle el requerimiento fiscal al juez penal.

La fiscalía ha asegurado que ya tiene listos los requerimientos por tráfico gris, por lo que los mismos serán presentados en los próximos días.

Sin embargo, las investigaciones se han tenido que ampliar ya que cada día surgen nuevos documentos en los que se revelan los enormes beneficios que los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales dieron a la empresa, para hacerle una auténtica piñata de rebajas de tarifas.