Antijurídica y perniciosa es la consulta del continuismo

Totalmente contraria a la Constitución de la República sería la consulta al pueblo hondureño para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Esa figura no la contempla la ley, dijo el abogado constitucionalista, Rigoberto Espinal Irías, quien calificó esa pretensión del Poder Ejecutivo de “antijurídica y perniciosa”.

“El acto que se está promoviendo, promocionando e, incluso, organizando más de 18 comisionados para ejecutar esta acción que tiene el carácter de consulta es totalmente contrario a la Constitución”, dijo el profesional en la emisora HRN.

Una consulta de esa magnitud solo podría producirse a través de los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, añadió.

Según Espinal Irías, el hecho de que no se haya publicado en La Gaceta el decreto ejecutivo que ordena la consulta o encuesta popular no le quita el carácter antijurídico y pernicioso para el orden público nacional”.

“Si alguien está ejecutando ese acuerdo ejecutivo, gastando, derogando dinero que el mismo Ejecutivo dice que no tiene sin ninguna eficacia porque no ha sido publicado en La Gaceta, mayor razón es para que exista la preocupación en los entes contralores del Estado, incluyendo el Tribunal Superior de Cuentas”.

Espinal Irías aseguró por otra parte que “no es cierto que el Ministerio Público no tenga legitimidad para estar presente en el proceso de lo contencioso administrativo; tiene plena legitimidad para estar allí como lo ha demostrado en algunos precedentes que se han ventilado en esos tribunales”.

“La ley del MP establece con claridad que tiene el deber ineludible de ejercitar la acción penal pública y no le veda el derecho de ejercer otras acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones”, apuntó.

El profesional dijo que esta no es la primera vez que el Ministerio Público incursiona en el ámbito de lo contencioso administrativo, donde hay varias sentencias que demuestran que tiene legitimidad para actuar en ese campo.

Espinal Irías expuso que “el Ministerio Público no es un tribunal de justicia, los tribunales de justicia tienen sus propia estructura y son independientes, pero el Ministerio Público tiene el deber ineludible de velar porque se cumpla la Constitución y las leyes, y debe de usar todas las acciones que estén a su alcance para cumplir ese propósito, de lo contrario en un Estado de Derecho ya no hace falta ningún Ministerio Público ni nada”.

En cuanto a las declaraciones de Zelaya retando que la Policía no lo llevará preso porque tendrá que cargar con cuatro millones de hondureños, el profesional del derecho comento:

“Cando un Presidente cree que él es el dueño de una fuerza de policía o de una fuerza armada yo creo que está equivocado, los policías deben de responder al orden constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras deben de ser garantes de la constitucionalidad, no de obedecer personalmente a un funcionario, no estamos en Cuba de Fidel Castro, ni estamos en Venezuela de Hugo Chávez, estamos en Honduras donde el derecho debe de imperar”, apuntó.