Gobierno entregará a militares L.237 millones

Los años de vacas flacas se acabaron para los militares.

Por orden del presidente Manuel Zelaya, las Fuerzas Armadas recibirán la jugosa cantidad de 235 millones para que lo gasten a discreción en la construcción o habilitación de un aeropuerto comercial en la base de Palmerola.

Las compras directas están autorizadas por un decreto de “emergencia” aprobado hace un año. Las licitaciones para garantizar un proceso transparente no serán necesarias.

La ley de Contratación de Estado dice que la emergencia solo se puede declarar cuando ocurran situaciones como “desastres naturales, epidemias, calamidad pública, necesidades de la defensa o relacionadas con estados de excepción...”.

La decisión la tomó el gobierno luego de recibir un duro revés de parte de inversionistas privados, nacionales y extranjeros, que decidieron no gastar un tan solo cinco en este aeropuerto.

Y es el que clima de inversión no es favorable en Honduras, sobretodo ahora que hay amenazas de romper el orden constitucional, dar un zarpazo a la carta magna y cambiar la forma de gobierno para promover el continuismo presidencial.

Como si esto fuera poco, en la boca de los funcionarios de gobierno, la palabra “nacionalización” o “confiscación” está a la orden del día.

Ante este panorama, los militares son fundamentales para garantizar el fortalecimiento democrático y el respeto a la institucionalidad.

Y es ante estas condiciones que comienzan los años de “vacas gordas” para una institución que ha soportado el declive financiero.

El ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, confirmó en conferencia de prensa que se utilizarán 12.5 millones de dólares (237.75 millones de lempiras) de los fondos de Petrocaribe para realizar la obra.

Estos fondos son los que el gobierno percibe por la venta de combustible pero que no cancela a los productores, en este caso, Venezuela.

La entidad castrense ha sido comisionada para cumplir esta misión que le ordenó el presidente Manuel Zelaya.

De acuerdo a la información brindada por Mauricio Díaz Burdeth, del Fosdeh, el presupuesto de las Fuerzas Armadas en 2005 era de 900 millones, pero en 2008 la cifra ya se había elevado a 1,827 millones, es decir, el doble.

A esa impresionante cantidad de recursos hay que sumar los 237 millones que recibirán, adicionales, los militares para acondicionar una terminal aérea tan pequeña como la existente en Roatán.

Flores Lanza indicó que la concesionaria InterAirports, notificó al Ejecutivo que no tenía capacidad de hacer la terminal y por eso aceptaba que otra empresa la hiciera y administrara.

Luego del accidente aéreo del 30 de mayo de 2008, el Presidente ordenó el cierre de Toncontín y prometió habilitar Palmerola en 60 días. La promesa, pasado un año, sigue sin cumplirse.

“Estamos listos para comenzar en cualquier momento”, dijo el ministro de Defensa, Edmundo Orellana, quien ha decidido no revolverse con los militares en el Estado Mayor y por eso pasó sus oficinas a un moderno edificio del bulevar Suyapa, generando así un gasto adicional y millonario para el pueblo hondureño.

Junto a Orellana estaba el jefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez Velásquez.

El uniformado explicó que una comisión de militares continuará planificando la construcción de la terminal y finalizará las obras que se iniciaron después del accidente, pero que se abandonaron cuando el pueblo capitalino ganó la batalla y se ordenó la reapertura de Toncontín.

Un pozo

Aunque Zelaya prometió el aeropuerto en 60 días, ha pasado un año y lo único que existe, según Vásquez Velásquez, es un pozo, instalaciones eléctricas y de telefonía pública.

La fecha exacta de inicio se desconoce, pero Vásquez Velásquez aseguró que la terminal estaría finalizada “antes de que termine el gobierno”.

El gobierno confirmó que la terminal será tan pequeña como la de Roatán, pero garantizó que en subsiguientes fases será ampliada.

Los expertos aseguran que es absurdo gastar 237 millones para construir un aeropuerto pequeño en un país que tiene ya cuatro aeropuertos categoría internacional y poco más de siete millones de habitantes.

El caso más ejemplificador es El Salvador, país que tiene más población y mayor tráfico aéreo pero solo tiene un aeropuerto internacional.

El convenio de Petrocaribe se firmó a inicios de 2008 y hasta la fecha se han recibido 120 millones de dólares producto de la venta del combustibles que se ha vendido proveniente de Venezuela, patrocinador del contrato.

Pero en ese mismo decreto se dejó establecido que no se podrá hacer uso del dinero mientras no se apruebe otro decreto que reglamente el destino de los recursos.

“Si no hay ley, no pueden tocar ese dinero”, sentenció el diputado liberal, José Azcona Bocock.

El legislador recomendó al Ejecutivo que mande al Congreso Nacional el proyecto de ley para el manejo de fondos de Petrocaribe y así “sería congruente la autorización del Congreso”.

En Palmerola funciona una base militar que manejan las FF AA y el Comando Sur de Estados Unidos, desde la década de los 80.

Cohep cuestiona nuevo rol de militares

¿Cuál es el mandato constitucional, la logística que poseen y el conocimiento para que a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) se les asigne la construcción de la terminal civil de Palmerola?, preguntó el director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Benjamín Bográn.

Bográn se mostró sorprendido y prefirió recopilar mayor información del tema para opinar al respecto.

Bográn recalcó que el Estado posee una unidad ejecutora para construir infraestructura, que es la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi), pero las Fuerzas Armadas tienen un papel específico y está establecido en la Constitución.

Expresó que buscarán una copia del acuerdo o decreto ejecutivo emitido de manera reciente por el gobierno para facultar a los militares a edificar esta terminal.

Faltará revisar las implicaciones que tendrá el manejo de Palmerola con la concesionaria de los aeropuertos internacionales del país, porque de manera contractual, serían los administradores de la terminal.

Interairports mantuvo un cruce de notas con el gobierno respecto a la propuesta de construir la nueva terminal, pero no prosperaron las conversaciones.

Para que el gobierno inicie esta construcción debe existir la anuencia de Interairports, según lo establece el contrato de concesión.