Preocupan al MP señales de terrorismo de Estado

A las autoridades del Ministerio Público les preocupa la denuncia de que en el país existen señales claras de un terrorismo de Estado.

El experto en temas de seguridad, Mario Berríos, advirtió que las amenazas, secuestros, asesinatos y, en los próximos días, los seguimientos y hasta detonaciones son señales claras de que se está impulsando una política de terrorismo de Estado y de izquierda.

Esta semana, el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, denunció que es objeto de amenazas a muerte.

Igual denuncia hizo la procuradora general, Rosa Miranda, quien pidió ante el Juzgado Contencioso Administrativo que se suspenda la encuesta de junio. Ella advirtió que ha recibido llamadas amenazantes.

El juez de esta instancia judicial, Jorge Zelaya, también denunció ser objeto de amenazas, igual que el fiscal general, Luis Rubí.

En el caso de Micheletti, Miranda y Rubí han externado su posición de afirmar la ilegalidad de la encuesta de junio, la cuarta urna, afirmando que están del lado de la defensa de la actual Constitución y el estado de derecho.

En lo que refiere al juez Zelaya, admitió la demanda interpuesta por el MP en contra del decreto PCM-005-2009 y en la próxima semana deberá resolver si es con suspensión o no del acto impugnado, es decir, la encuesta.

Micheletti hasta le perdió confianza a los agentes de la Secretaría de Seguridad que lo custodian. Responsabilizó al Ejecutivo de cualquier daño a su integridad física que le pueda pasar.

Igual desconfianza externó el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.

Similares amenazas han denunciado periodistas de varios medios de comunicación que se han manifestado en contra de que se aseste un zarpazo a la Constitución. En los últimos meses, dos periodistas han sido secuestrados, Bernardo Rivera y Andrés Torres, sin que a la fecha se conozca su paradero.

“Yo sí le doy mucho crédito, talvez no que sea exacta en la magnitud que lo hace, pero sí le doy mucho crédito, es más, no solo a lo que él (Micheletti) manifiesta, sino a las denuncias públicas que han hecho muchos funcionarios y periodistas; es decir, este escenario que se está viendo en Honduras desde hace un tiempo, no precisamente de ayer, ya da pie para pensar que tenemos indicios, señales de terrorismo en Honduras”, reveló Mario Berríos.

Preocupación

Lo advertido por el experto originó la preocupación en las autoridades del MP.

“Honduras es un estado de derecho donde nosotros debemos estar enmarcados en la ley; es preocupante la situación que se está dando en estos momentos e invitamos a la cordura”, manifestó el fiscal adjunto Roy Urtecho.

“El Ministerio Público estará siempre atento a cualquier accionar, dentro del marco constitucional y legal que nos compete”, añadió. En la Fiscalía contra el Crimen Organizado se cuenta con una unidad especializada que investiga denuncias de terrorismo en el país.

“Somos parte de un proceso de velar por los intereses generales de la sociedad, en eso nos enmarcamos”, expresó Urtecho.

En consecuencia, el MP abrió una investigación y espera obtener, de los que denuncian ser objeto de amenazas, más detalles para deducir responsabilidades.

“Esas denuncias de amenazas y señales de terrorismo en el país deben ser esclarecidas; todos los casos son importantes, el de estos funcionarios como el de un ciudadano de tierra adentro”, afirmó el adjunto.

Las autoridades del MP han garantizado que se deducirán responsabilidades a quienes pretenden sembrar un clima de inseguridad, angustia y terror, sea quien sea, venga de donde venga.

* A definir suspensión:

En la próxima semana, el Juzgado de Letras de los Contencioso Administrativo emitirá sentencia sobre si suspende o no la encuesta de junio.

En el proceso, que el propio director del INE ha admitido que no es vinculante ni obliga a nada, se gastan decenas de millones de lempiras.

El fallo corresponde al incidente de suspensión del acto impugnado solicitado al juez por el Ministerio Público en la demanda de nulidad contra el decreto ejecutivo PCM-005-2009. Se estima que a más tardar el miércoles el Juzgado emitirá su sentencia.

En la demanda ,el Ministerio Público sostiene la ilegalidad del decreto, por tener fines ilícitos, como instalar una Asamblea Nacional Constituyente sin base legal.

El fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado, es uno de los fiscales que firmó la demanda en aras de preservar el estado de derecho y la democracia en el país.

Sobre las amenazas, dijo que como operador de justicia no está exento a las mismas.

En su pronunciamiento, la Procuraduría General consideró solicitar suspender la encuesta de junio en aras, entre otros argumentos, de preservar la armonía en el país.