Bajo amenazas, burócratas a llenar solicitudes

Miles de empleados públicos se han convertido en víctimas de coacción, amenazas y hostigamiento por parte de sus superiores.

Informes en poder de EL HERALDO establecen que a cada burócrata se le entregaron, el pasado fin de semana, 30 formularios de un documento conocido como “Iniciativa Ciudadana”, los cuales deben entregar llenos en los próximos días so pena de ser despedidos sin derecho a recibir prestaciones.

La imposición tiene como objetivo recolectar alrededor de un millón de autorizaciones, mediante las cuales, supuestamente los ciudadanos facultan al Poder Ejecutivo a realizar una encuesta nacional de opinión.

Desesperación

La medida desesperada del gobierno de Manuel Zelaya Rosales se da luego que la Fiscalía, Procuraduría General y los mismos asesores jurídicos de Casa Presidencial advirtieran que el llamado a consulta con fines electorales era ilegal.

Ante el revés, el gobierno optó por cambiar el nombre a la consulta, llamándole “encuesta”. El director del INE reconoció que las consultas de carácter electoral le corresponden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las encuestas y sondeos le competen al INE.

En ese sentido reconoció que la encuesta financiada por Casa Presidencial y en la cual se gastan decenas de millones de lempiras, no tiene facultades vinculantes ni obliga a nada.

Analistas han advertido que los resultados de una encuesta no pueden obligar al Congreso Nacional a colocar una cuarta urna el 29 de noviembre, día de las elecciones, ya que carece de fuerza legal y porque el proceso carecerá de transparencia y vigilancia adecuada.

Ayer, EL HERALDO tuvo acceso al documento, el cual afirma estar amparado en los artículos 2, 5 y demás aplicables de la Constitución de la República.

Además, afirman que la Ley de Participación Ciudadana, en su artículo 5 numeral 1, reza que la iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes:

1) Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en general, a los vecinos de un Municipio, de un barrio o colonia, a gremios, sectores o grupos sociales organizados, para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten.

Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante. En este sentido, cabe destacar que la misma ley señala que estos resultados no serán vinculantes, ya que tan solo constituyen “elementos de juicio”.

Pagos

De acuerdo a las denuncias dadas a conocer a EL HERALDO por empleados que pidieron el anonimato, ante el temor de ser despedidos, las solicitudes deben ser entregadas a finales de esta semana.

La persona que decida llenar la solicitud debe dar su nombre completo, número de identidad, estado civil, ocupación y firmar.

Los funcionarios admitieron que el gobierno ha dispuesto pagar entre 500 y 1,000 lempiras a las personas que decidan llenar el formulario, siendo coincidentemente, la misma cifra que se ha pagado por participar en marchas o actos patrocinados por el gobierno central.

Según el documento, la pregunta que se pretende hacer con la encuesta es: ¿está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre del 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Nueva Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República?

Los funcionarios que rodean al Presidente han admitido que una Constituyente tiene poderes supremos y por tanto, perfectamente bien puede ordenar la reelección presidencial o el continuismo.

* Ilegalidad: Revés. El Ejecutivo ha entrado en desesperación luego que sus mismos juristas, dieran la razón a la fiscalía al afirmar que todo el proceso se seguía de forma ilegal.