Desesperados, ministros recurren al insulto

Molestos y contrariados reaccionaron personeros del gobierno por la advertencia de los constituyentes de 1982 de que los artículos pétreos de la Carta Magna son irreformables, so pena de castigos penales para quienes desobedezcan.

Un día después de que el presidente Manuel Zelaya pasara una vergüenza al no poder orar el Padre Nuestro, porque no se lo sabe, funcionarios del Ejecutivo volvieron a defender el zarpazo que se piensan asestar a la Ley Primaria.

“El pueblo es el soberano, nada es perpetuo, nada es inderogable, todo tiene que irse adecuando a las necesidades de los tiempos”, dijo el ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, a quien se investiga por una intentona golpista el pasado 25 de enero.

Criticó el funcionario que los que conformaron la Asamblea Nacional Constituyente de 1982 no tienen moral para decir que se violaría la Constitución al convocar a una nueva asamblea porque ellos tiene 30 años de estarlo haciendo por defender intereses económicos.

La gerente de la ENEE, Rixi Moncada, quien no sabe nada de electricidad, aseguró que los que adversan la conformación de la Constituyente es porque tienen temor de que la nueva Constitución les quite los abusos que han cometido con ganancias exageradas por medio de sus compañías.

“La reforma puede ser peligrosa para los grupos de poder... porque convocar una Constituyente con grupos relegados en realidad sí constituye un peligro porque no conocen la regulaciones que van a tener estos sectores”, expresó.

Mientras, el secretario privado del Presidente, Enrique Reina, lamentó que el Tribunal Supremo Electoral haya prohibido los anuncios a favor de la cuarta urna, pero no hiciera lo mismo con los espacios que critican esta acción.

El presidente de la CNBS, Milton Jiménez, quien se ha visto envuelto en diversos escándalos por consumo de alcohol, dijo que existen varios empresarios a los que identificó como el “ grupo de la Americana”, que utilizan sus influencias o medios de comunicación para orquestar una campaña en contra de la Constituyente.

Diversos sectores han advertido que temen que desde el Ejecutivo se impulse un “terrorismo de Estado”.

El propio presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, ha confesado que no confía en el ministro de Seguridad ni en el policía que le han asignado para su seguridad.

* Sin transparencia: Nadie en el gobierno quiere decir cuánto se está invirtiendo en la campaña a favor de la cuarta urna.