Ejecutivo incurre en desacato, abuso de autoridad y lesa patria

El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo es una autoridad competente, y quienes incumplan sus resoluciones cometen delito.

Las autoridades del Poder Ejecutivo mantienen el proyecto de la encuesta del último domingo de junio, a pesar de que el Juzgado suspendió toda acción encaminada en ese sentido.

El fallo judicial se emitió en la tarde del pasado viernes, una hora más tarde el presidente Manuel Zelaya junto a sus principales colaboradores y el jefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez, informó en cadena nacional sobre la creación de un acuerdo donde se instruye a las Fuerzas Armadas apoyar la encuesta.

La resolución presidencial es interpretada como un desacato a lo resuelto por instancia judicial, de dejar sin valor todo acto administrativo que se emitiera por el Ejecutivo orientado a la encuesta.

“Imagínese lo que significa colocarse en un extremo de franco incumplimiento de un ordenamiento judicial, hay un desacato e inobservancia de algo que ha sido manifestado por un juez de la República”, puntualizó la procuradora general, Rosa América Miranda, representante legal del Estado en este juicio.

Las resoluciones judiciales se respetan, sean estas fundamentadas o no, si alguien está inconforme existen las vías legales para recurrir.

Margen de la ley

El jurista German Leitzelar asegura que los civiles y militares que obedezcan la orden del Ejecutivo actuarán al margen de la ley.

“Se está manifestando una actitud de desacato y desobediencia, también en abuso de autoridad, si es contra la Constitución está el de lesa patria tipificado en los delitos contra la forma de gobierno”, afirmó.

“En el caso de las Fuerzas Armadas, la responsabilidad recae sobre los funcionarios militares que estén dándole cumplimiento a una orden que esta al margen de la ley”, añadió.

Los funcionarios son responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley, jamás superiores a ella.

“Ningún funcionario o empleado, civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito”, cita la carta magna.

“El Juzgado ha sido claro en una resolución, la ley manda que toda resolución de autoridad judicial o administrativa competente debe ser acatada, el desacato hace incurrir al ciudadano, si es funcionario, en responsabilidad administrativa y penal, que conlleva a una suspensión y privación de la libertad”, advirtió.

El Ministerio Público es el llamado a proceder por la desobediencia.