CN inicia socialización de la ley del plebiscito

La ley especial que regula el referéndum y el plebiscito fue socializada por el Congreso Nacional (CN) con diferentes sectores de la sociedad hondureña.

Distintas organizaciones de la sociedad civil acordaron consideraciones con la Comisión de dictamen del CN.

Los ciudadanos que deseen convocar a un plebiscito o referéndum deben reunir el 6 por ciento de firmas del Censo Nacional Electoral, lo que equivale a 240 mil firmas.

"Las 11 organizaciones que estuvieron presentes fueron de la opinión que ese 6 por ciento debe ser disminuido a efecto que no sean firmas sino huellas digitales", manifestó el diputado Rigoberto Chang Castillo.

Las firmas conllevan a que cada una sea autenticada por un abogado, lo que es costoso. De igual forma, se opinó que el 51 por ciento debe ser menor.

Sanciones

Asimismo, se recomendó establecer sanciones a personas naturales y jurídicas que impidan la práctica de estas dos figuras de consulta. Estas serían incluidas como delitos electorales.

Los plebiscitos de orden municipal los convocan las corporaciones y no la ciudadanía, lo que se pide que se enmiende para lograr mayor participación.

Las observaciones expuestas por las organizaciones de la sociedad civil serán consideradas mañana por la comisión de dictamen en la reanudación de las discusiones de esta ley. "Vamos a tener un dictamen mucho mejor y más apegado a la realidad y los deseos de las organizaciones", dijo.

Respeto a la Constitución

La discusión y aprobación del plebiscito como ley de la nación surge luego que desde el poder Ejecutivo se impulse una ilegal consulta para decidir la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

Las intenciones del presidente Manuel Zelaya, de hacer la consulta, han sido catalogadas por el juzgado de lo Contencioso Administrativo como ilegal, razón por la que el Congreso Nacional ha impulsado la aprobación de la ley del plebiscito y el referéndum, garantizando así el respeto a las leyes.

Instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Ministerio Público y las iglesias, entre otra decena de organizaciones, se oponen a la consulto ilegal.