Gobierno obliga a burócratas a trabajar el domingo 28

El gobierno ha tenido que recurrir al uso de la fuerza para garantizar que sean los empleados públicos los que se encarguen de toda la logística relacionada con la encuesta ilegal programada para el próximo domingo 28 de junio.

En la población existe un absoluto rechazo a que el gobierno ejecute, mediante mecanismos ilegales y poco transparentes, una encuesta que sujeta a manipulación.

De hecho, la consigna entre las personas que están en contra del irrespeto al estado de derecho y rompimiento del orden constitucional, es que el domingo hay que quedarse en casa para no avalar un proceso ilegal.

El pasado 11 de junio, el gobierno apoyó una deslucida marcha a favor de la cuarta urna.

El fracaso fue tal que el Ejecutivo se vio obligado a dar medio día de asueto, con la esperanza de que los empleados públicos se sumaran a la marcha organizada por algunos sindicatos de gobierno y el Bloque Popular.

Sin embargo, ni el asueto ni las amenazas de despido lograron que los empleados se sumaran, por lo que al final, la marcha logró aglomerar a poco más de 3,000 personas.

Además, en cada institución del Estado se ha entregado 40 formularios de Iniciativa Ciudadana a cada burócrata, los que deben entregar llenos si no quieren ser despedidos.

La desesperación por conseguir los formularios es tal que hasta han llegado a los hospitales, a donde se obliga a los pacientes a firmar, caso contrario, se les niega la atención médica.

Desde la semana anterior, la Secretaría de Gobernación ha enviado circulares en las que obliga a los jefes y empleados públicos a colaborar con el proceso de consulta.

La medida fue necesaria ante la imposibilidad del gobierno de encontrar colaboradores para estar en las urnas que se instalarán, para tomar las papeletas y para hacer el conteo.

EL HERALDO tuvo acceso a una de estas circulares en las que se informa que la orden viene directamente del presidente Manuel Zelaya Rosales.

La misión es que el personal que labora con el Estado se incorpore a colaborar con la coordinación departamental.

Asimismo, se solicita a los jefes enviar un listado detallado de todos los vehículos que tiene asignada la institución para que estén disponibles desde el 25 de junio hasta el lunes 29 de junio.

* Pagos: El gobierno ha tenido que pagar entre 500 y 1,000 lempiras por participar en manifestaciones. Además, ha tenido que obligar a los burócratas a sumarse al proceso de consulta ilegal.