Demandan castigar actos de corrupción

Los actos de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya no deben quedar impunes.

Así lo exigieron ayer representantes de la Unión Cívica Democrática (UCD) en pronunciamientos entregados a autoridades del Ministerio Público (MP) y Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

En el manifiesto, la UCD expone que “la reconstrucción de Honduras deberá fundarse en la ética.

La moralización del devenir histórico reside en el combate efectivo de la corrupción”. “Nuestra responsabilidad ciudadana nos obliga a condenar la malversación de caudales públicos que han impedido la atención de los problemas que enfrenta la ciudadanía. Demandamos se informe y se actúe con todo el peso de la ley en contra de los presuntos responsables de los siguientes recursos que se suponen dilapidados”, cita el manifiesto.

A continuación se exponen los casos de dineros donados por la comunidad internacional para la implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, los fondos utilizados en la promoción del inconstitucional proyecto de la cuarta urna y la suma equivalente a doce mil millones de lempiras sin imputación presupuestaria, como lo denunció el Fosdeh.

Castigo

La UCD subraya que solo la transparencia puede elevarse sobre la impunidad y supresión de la corrupción.

“La identificación, detención, juzgamiento y castigo de los delincuentes, conforme al debido proceso, es el único camino para desandar (en el camino) de ilegalidades del gobierno recién pasado.

Apoya el papel emprendido por el MP, TSC y los tribunales, aunándoles a seguir cumpliendo este rol.

“Exigimos procesos penales a los imputados con la comisión de los delitos que provocaron la grave situación política y financiera que enfrenta nuestro país. Que se proceda de inmediato a deducir responsabilidades”, expresa al rechazar componendas que promuevan la impunidad de actos de corrupción.

El fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado, reiteró el compromiso del MP de conducir procesos investigativos para averiguar la verdad de los hechos que se denuncian.

“Las investigaciones se realizan de manera prudente, sin manchar la dignidad de ninguna persona, a menos que sea necesario llevarlo a los juzgados de la República”, manifestó.

“Se hacen investigaciones objetivas, no se persigue a nadie más que lo que ya se conoce. Se presentarán más acusaciones contra ex funcionarios si se acredita, por medio de pruebas, la participación de delitos, aquí no hay cazabrujismo”, aseguró.

* INSTITUCIONALIDAD: El cumplimiento de los deberes afianza la credibilidad de los operadores de justicia, indispensable para consolidar el estado de derecho.