Más delitos contra el ex ministro Flores Lanza

En una fiesta de ilegalidad y derroche se convirtió el proyecto de la cuarta urna, en la que el ex presidente Manuel Zelaya y el ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores, dirigían la melodía.

Los 128 millones de lempiras que gastó el Ejecutivo en los último 8 meses para financiar la publicidad y demás logística del fallido proyecto se autorizaron mediante irregulares decretos de emergencia, según una fuente del Ministerio Público (MP).

Esta millonada es aparte de los 50 millones que el ex ministro ordenó sacar en efectivo de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) para ese mismo fin.

Según el informante, Flores Lanza y Zelaya Rosales fueron quienes firmaron esos decretos violentando la Ley de Contratación del Estado porque no existían las condiciones que indica la norma para que se efectuaran los acuerdos.

Contra la ley

"Hay muchas anomalías, no se aprobaron los decretos en Consejo de Ministros y la cuarta urna no era algo de emergencia nacional", indicó el informante.

La Ley de Contratación del Estado indica que las compras de emergencias, es decir sin licitación, se hacen cuando exista una calamidad pública por un desastre natural o cuando la prestación de un servicio público esté en riesgo, entre otras cosas.

Al producirse estos fenómenos que obliguen a hacer compras directas, el Ejecutivo tiene que emitir un decreto especial en sesión de Consejo de Ministros, pero nada de eso sucedió.

Ante estas ilegalidades, el ente acusador prepara nuevos requerimientos contra el ex ministro por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Hace dos semanas, el fiscal Roberto Ramírez explicó que las investigaciones del MP han revelado que unos 128 millones se utilizaron en pago de publicidad, carteles, camisas, alquileres de edificios y comida.

De esta fortuna, una buena parte fue a dar a manos de periodistas afines a Zelaya, muchos de los cuales apoyan la "resistencia" a la que ha llamado el depuesto mandatario para volver al poder.

La Fiscalía hace más pesquisas para encontrar más decretos de emergencia emitidos para apoyar financieramente la cuarta urna, explicó la fuente.

"Tenemos otros indicios que apuntan que el gasto para la cuarta urna es mayor de lo que hemos encontrado", aseguró.

Ilegal encuesta

La cuarta urna era un proyecto que consistía en instalar un nuevo receptáculo en las elecciones generales de noviembre, además de las tres oficiales para presidente, diputados y alcaldes. En esta urna el pueblo decidiría la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

La idea no germinó porque la encuesta de opinión que se iba a efectuar el 28 de junio para aprobar la cuarta urna fue parada por orden judicial y el material fue confiscado.

La ilegalidad radicó en que el Congreso Nacional (CN) es el único facultado para decretar ese tipo de iniciativas, vía el Tribuna Supremo Electoral (TSE), pero Zelaya lo iba a hacer unilateralmente.

Por promover este delito contra la Constitución, el ex presidente Zelaya fue sustituido por el Congreso Nacional.

Rosario de delitos

Enrique Flores ya está acusado por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad por emitir una orden a fin de que se hiciera una transferencia presupuestaria de 40 millones de lempiras a una secretaría de Estado, pero que fueron desviados para el proyecto de la cuarta urna.

Recientemente se detectó que otros 10 millones salieron del BCH bajo ese mecanismo por instrucciones del ex funcionario.

La justicia emitió orden de captura contra Flores, quien ha sido visto junto a Zelaya en su periplo internacional para buscar apoyo de otros países para su reincorporación al Ejecutivo.

* La cifra: 10 ex altos funcionarios del gobierno de Zelaya serán acusados próximamente, como mínimo, por el derroche de dinero de la cuarta urna.

Cuanto se gasto para la cuarta urna

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investiga una denuncia por el supuesto gasto de 600 millones de lempiras usados para el proyecto de la cuarta urna.

El ente contralor ya pidió información al respecto a varias dependencias del Estado que, por instrucciones del ex presidente Manuel Zelaya, desviaron parte de sus presupuestos a fin de apoyar la iniciativa.

Otras entidades son sometidas a auditorías completas en búsqueda de información relacionada a ese ilícito.

Contrario a lo que pasaba en la gestión de Zelaya, las instituciones públicas ahora sí prestan colaboración con el TSC en esas investigaciones, pues antes negaban todo tipo de datos que por ley correspondía que dieran.