TSC deducirá responsabilidades

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deducirá acciones por la emisión irregular de decretos de emergencia, para compras directas, en los últimos meses de gestión del ex presidente Manuel Zelaya.

EL HERALDO denunció que en los últimos seis meses la gestión de Manuel Zelaya emitió ocho decretos de emergencia, sin justificación, para legalizar el desembolso de 128 millones de lempiras.

Dichos decretos se emitieron con la autorización del ex presidente Zelaya y del ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, sin que se aprobaran en Consejo de Ministros y omitiendo su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Por este irregular accionar, el Ministerio Público interpuso el pasado jueves, ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, un requerimiento fiscal en contra del ex mandatario y Flores Lanza por suponerlos responsables de tres delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude.

Asimismo, se acusa al ex jefe de Staff Presidencial, Hernan Jacobo Lagos, y a la ex ministra de Finanzas, Rebeca Santos, por los delitos de abuso de autoridad y uso de documento público falso, todos en perjuicio de la administración pública y la fe pública.

Esta acusación refiere a la emisión irregular de dos decretos de emergencia, sin justificación, para el desembolso de 27 millones de lempiras en gastos de publicidad. La Fiscalía pidió orden de captura y alerta migratoria. Las acciones investigativas continúan para deducir acciones penales contra involucrados.

Otras responsabilidades

Por su lado, el TSC conduce acciones investigativas orientadas a deducir responsabilidades en materia civil.

"Tenemos conocimientos de esta denuncia y estamos en proceso de investigación, estamos colaborando con el Ministerio Público", manifestó Renán Sagastume, presidente del TSC. "De lo que tenemos noticia es que se emitieron alrededor de 128 millones de lempiras mediante contratos que no siguen el procedimiento que establece la Ley de Contratación del Estado, es decir un acuerdo del presidente de la República en Consejo de Ministros, sino que eran acuerdos emitidos por el mandatario con uno de sus ministros, lo cual de comprobarse originará responsabilidades de tipo civil; eso esta en un proceso inicial de investigación", indicó. Evidencia documental ya está en poder del ente contralor.

El TSC mantiene una posición contraria al sistema de compra directa, como política estatal no lo considera correcto. En el gobierno anterior se disparó con ese procedimiento.

Entre los hallazgos detectados por el TSC está la disposición de 47 millones de lempiras para gastos de promoción de la ilegal encuesta y cuarta urna. Esto está pendiente de deducción de responsabilidad.

* Reformas: El TSC solicitó al Congreso Nacional reformar la Ley de Contratación del Estado para eliminar o restringir la emisión de compras directas.