UCD rechaza amnistía para Manuel Zelaya

La Unión Cívica Democrática (UCD) expresó este lunes su oposición a una amnistía para los delitos políticos del ex presidente Manuel Zelaya y los ex funcionarios de su gabinete.

En un comunicado de cinco puntos, conjunto con la Alianza por la Paz y la Democracia, y la Asociación de Mujeres Juristas de Honduras (MJH), la UCD se manifestó este lunes sobre el Acuerdo San José, propuesto por el presidente costarricense Oscar Arias.

En su propuesta, Arias plantea "la declaratoria de una amnistía general, exclusivamente para los delitos políticos cometidos con ocasión de este conflicto, antes y después del 28 de junio de 2009, y hasta la firma de este Acuerdo".

No obstante, la UCD, rechaza la aprobación de una amnistía que "en vez de contribuir al fortalecimiento de la democracia, debilitaría las instituciones y promovería la impunidad como incentivo a la corrupción".

Asimismo, la UCD reiteró su compromiso "con el Diálogo y la Reconciliación, desafíos a ser enfrentados por nuestro país". Además, dice del documento, "como ciudadanía responsable impulsaremos el proceso de transformación, indispensable para alcanzar la justicia social, tarea pendiente de toda la hondureñidad".

Destacó, además, "la buena voluntad del gobierno legítimo del Presidente Micheletti y la mayoría del pueblo hondureño, al aceptar la participación como mediador del Presidente Oscar Arias aun cuando se ha parcializado con demandas injustas en forma reiterada. Una muestra más de la decisión que anima a la hondureñidad de mantener la paz".

En el comunicado, también expresan que "el análisis de la propuesta Acuerdo de San José, hace evidente las inconsistencias entre sus clausulas, así como contravenciones a nuestra Constitución de la República y Leyes" y de suscribirlo "sería vulnerado el Estado de Derecho".

Respaldaron "el profesionalismo y estricto apego a la legalidad con que actúan la Corte Suprema de Justicia, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Publico y el Tribunal Supremo Electoral".

Como quinto y último punto, el documento es un aliciente para "el inicio inmediato del Diálogo Nacional, única vía para que Honduras sea dueña de su destino en el marco de su soberanía y de la legalidad".