Honduras
La estrategia le salió mal a los funcionarios del gobierno pasado que escondieron dinero mal habido poniéndolo a nombre de otros. Sus testaferros están identificados.
Después de seguirles la pista por un determinado tiempo, la FiscalÃa ha identificado a personas que aceptaron poner a su nombre bienes y dinero de ex servidores públicos.
Según una fuente confiable, ya se sabe quiénes registraron a su nombre lujosas casas en reconocidas colonias capitalinas, que fueron compradas con dinero sacado ilÃcitamente del erario público por cercanos colaboradores de Manuel Zelaya.
Por ejemplo, se sabe de una residencia de unos 150 mil dólares (casi 3 millones de lempiras) que un ex funcionario de Casa de Gobierno compró, pero la transacción la hizo un amigo personal para que apareciera registrada para él y no saliera a relucir la identidad del verdadero dueño.
Los cuerpos de investigación han consultado en los trabajos de estos testaferros sobre sus salarios, para documentar que sus ingresos no coinciden con el patrimonio que tienen.
Por servir de suplantador, estas personas han recibido dinero en efectivo o lujosos carros.
Uno de los investigados se apersonó al Ministerio Público con su apoderado legal para reunirse con fiscales a fin de dar explicaciones sobre la fuente de su dinero y algunos bienes.
Lavado de activos
El delito por el que se persigue a estos testaferros es lavado de activos, según una fuente de la SecretarÃa de Seguridad.
Para los próximos dÃas se prevé que la FiscalÃa encargada proceda a citar a más "prestanombres", que según pesquisas, están intentando vender los bienes adquiridos con dinero de los ex funcionarios para borrar el delito, aunque el ilÃcito no se desvanece con deshacerse de los mismos.
El MP también hace investigaciones por aparente enriquecimiento ilÃcito de ciertos ex funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya.
* La FiscalÃa citará a algunos de los investigados por ser testaferros de ex servidores públicos del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, quien fue destituido el pasado 28 de junio de 2009 por las constantes violaciones a la ley y a la Constitución de la República.