“Nadie va venir a imponernos nada”

El presidente Roberto Micheletti dijo que la decisión de no restituir al ex presidente Manuel Zelaya "se mantiene firme" y que "nadie va imponernos nada" que sea ilegal y que esté por encima de la constitución.

Estas declaraciones las brindó luego de que los poderes del Estado y otras instituciones analizaran la legalidad del plan San José.

Los cancilleres de la OEA aparentemente buscan un acuerdo político, sin embargo, la posición del gobierno es que no se harán arreglos que violen la constitución.

"Aquí nadie puede venir ha imponernos absolutamente nada, este país es independiente, soberano y nosotros tenemos nuestras propias leyes; enmarcados dentro de la Constitución de la República, la posición del 28 de junio no vamos a cambiarla porque vengan a decirnos lo que tenemos que hacer", expresó.

Lo que tiene que hacer Zelaya es volver para enfrentar los juicios en su contra por violar la Constitución, remarcó.

Aseguró que respeta las posiciones de la delegación diplomática de querer un acuerdo para solucionar el conflicto hondureño, "pero esperamos que entiendan que todo se hizo bajo la Constitución".

La visita de la comitiva servirá para exponer la verdad sobre la sucesión constitucional de Zelaya, oportunidad que no se tuvo cuando vino el secretario de la OEA, José Insulza.

El mismo plan Arias ha solicitado crear una comisión de la verdad para esclarecer los hechos que derivaron la destitución de Zelaya. Esto indica que la OEA suspendió a Honduras sin tomarse la molestia de aclarar los acontecimientos.

El error garrafal de la OEA ahora se quiere subsanar tomando como "conejilla de indias" a Honduras, mediante la suscripción de un arreglo político y pasando por encima de la constitución.

"Todas esas cosas tienen ellos (los cancilleres) que verlas y valorarlas, de todo lo que pasó durante y después del 28 de junio; aquí los poderes del Estados siguen funcionando".

Micheletti recibió ayer del ministro de Gobernación, Óscar Matute, el informe de la evaluación de la Corte Suprema sobre el asidero legal para la aplicación del plan San José.

Este era el último análisis pendiente de entregar, pues ya lo habían hecho el Congreso Nacional, el Tribunal Superior de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral.

El siguiente paso será que los cuatro informes sean discutidos entre él y la comisión negociadora del gobierno ante el mediador de la crisis y autor del plan, Óscar Arias, para darle una respuesta de si se firma o no.

Micheletti compartió el dictamen de la Corte en relación a que los puntos del plan San José, como la aplicación de una amnistía para Zelaya y sus funcionarios, deben respetar el derecho interno.

El gobernante ordenó a todos los servidores públicos abstenerse de hacer viajes al exterior con fondos del Estado, como medida de austeridad, a menos que las giras sean por invitación con gastos pagados.