A revisión Plan de Arbitrios en la Autónoma

La situación financiera que atraviesa la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) podría impactar en el bolsillo de miles de estudiantes.

Debido a la insuficiente asignación presupuestaria y la baja captación de recursos, la Junta de Dirección Universitaria planteó ayer la revisión del Plan de Arbitrios.

La iniciativa estaría encaminada a la búsqueda de mecanismos orientados a aumentar la captación de recursos adicionales al presupuesto anual para el impulso del proyecto de reforma y la ejecución de obras físicas en la Universidad Nacional.

Según Cristiana Nufio, miembro de la Junta de Dirección, cada año la UNAH recauda alrededor de 130 millones de lempiras por concepto de la aplicación del Plan de Arbitrios, el cual fija los cobros que se realizan por los servicios que brinda el alma máter.

La suma, según Nufio, es insuficiente considerando la gama de necesidades que enfrenta la UNAH y la asignación de 2,400 millones de lempiras que dejaron sin efecto un proyecto de presupuesto de más de 3,000 millones de lempiras.

"Nosotros vemos que la universidad, a través de ciertos servicios, podría aumentar sus recaudaciones para poder continuar con nuestros proyectos de la reforma como proyectos físicos", manifestó Nufio.

Se estima que más del 80 por ciento del presupuesto que cada año se otorga a la UNAH se invierte en el pago de salarios a docentes y trabajadores mientras que el resto se destina a la inversión en obras de infraestructura y el equipamiento de laboratorios.

Cobro de parqueos

Según Nufio, una de las opciones podría ser el cobro a los estudiantes por el uso de parqueos, aunque señaló que apenas es una posibilidad.

Otra de las determinaciones que se estarían tomando ante la crisis financiera que atraviesa la UNAH es la reforma a la administración de los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica.

La crisis financiera parte de hechos como la contratación por el orden de unos 40 millones de lempiras de una firma extranjera para evaluar al personal docente que se ha negado a someterse al proceso.