No más pagos a la burocracia inmoral

El Congreso Nacional instó ayer a la Procuraduría de la República y al Ministerio Público a ejercer acciones legales contra los altos funcionarios del gobierno que han autorizado pagos de sueldos y salarios en aquellas instituciones donde sus empleados se han declarado en "resistencia" por no estar de acuerdo con el actual orden constitucional.

La iniciativa la presentó el diputado por Comayagua, Wilfredo Bustillo, quien dijo que estos funcionarios "se convierten en cómplices e incurren en responsabilidad civil al autorizar el pago de salarios a aquellos empleados "inmorales" que participan en paros laborales y marchas en horas laborables y cobran religiosamente su sueldo.

Estos casos están ocurriendo en la Secretaría de Educación, Soptravi, el Instituto Nacional Agrario, Patronato Nacional de la Infancia, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entre otras, donde los dirigentes sindicales amenazan a los trabajadores y los inducen a participar en marchas con el fin de sembrar el caos y la violencia, dijo el congresista al presentar su moción.

Bustillo dijo que se debe castigar a quienes permiten que las instituciones del Estado se convierten en albergues de "malvivientes", así como lugares de almacenamiento de materiales explosivos que usan para sembrar el caos y la anarquía.

Por su lado, el diputado Mario Alexander Barahona, presentó una reforma a la Constitución de la República para declarar como punible (sujeto a la acción penal), todo acto que restrinja, afecte o impida el derecho a la Constitución.

"Necesitamos que se haga respetar el derecho que tienen los niños a la educación y por eso planteamos esta reforma que esperamos sea apoyada no solo por los diputados, sino por el pueblo en general", dijo Barahona.