Lucha de poder en Instituto de transparencia

Nació con gran expectativa como herramienta contra la corrupción, pero el cáncer de la política y los interés personales abaten al Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP).

Al interior de la institución se disputa una guerra entre los magistrados, que están truncando que los ciudadanos puedan pedirle cuentas al gobierno de cómo maneja el dinero público, y el resto de la administración.

EL HERALDO conoció detalles de este conflicto, que se suscita desde hace varios meses, en base a declaraciones de informantes y algunos documentos de consultores.

Según la información, los magistrados Arturo Echenique y Gilma Agurcia han formado una alianza para apoderarse del mando de la administración del IAIP, para poder colocar activistas de sus partidos y contratar arbitrariamente consultorías, entre otras anomalías. Esta unión Echenique-Agurcia confronta y boicotea a la magistrada presidenta del Instituto, Elizabeth Chiuz Sierra.

Sin poder

Como titular del IAIP, Chiuz Sierra tiene la potestad de ejercer la administración de este ente autónomo, pero los otros dos magistrados definieron que parte del control financiero se resolviera en sesiones de pleno.

Al ser ellos mayoría, toman decisiones sin que la opinión de la presidenta sea determinante.

Es así que cuando hay que decidir sobre una acción de gastos o contrataciones, Chuiz Sierra no tiene potestad de decidir pues la "aplanadora" de los otros dos magistrados le dejan sin poder de decisión.

Estas disputas llegan al grado de provocar que el programa de tres sesiones de pleno, que se deben desarrollar semanalmente, sufra interrupciones constantemente.

En los plenos se resuelven recursos de revisión cuando un peticionario de información pública se queja que en una dependencia estatal no le concedieron la información pública solicitada. El pleno determina si ordena o no a la institución pública entregar o no lo requerido por un ciudadano. Esa es una de las funciones primordiales del IAIP.

Una fuente confió que ahora las reuniones no duran más de dos horas, lo que significa que por 24 horas de reuniones al mes, los magistrados reciben 84 mil lempiras de salario.

"Un funcionario no puede estar ganando esa cantidad por solo tres días de trabajo efectivo en el mes, porque las otras obligaciones del Instituto las cumplen las demás dependencias", se quejó el informante, un alto funcionario del IAIP.

Pierden recursos

El IAIP contrató una consultora para mejorar el perfil financiero de la institución, que encontrará fallas qué corregir para optimizar el uso de recursos.

La experta (de la que se omite su nombre) mandó una nota el 12 de mayo de 2009 a los magistrados en la que expone que, por las confrontaciones entre ellos, se está poniendo en riesgo la ayuda internacional para el Instituto.

"La actual coyuntura del país es sumamente delicada, porque se ha comprobado que no existe transparencia y por eso nos están retirando los fondos de cooperación reembolsable y no reembolsable", dice uno de los párrafos de la misiva.

Y sin medias tintas, la investigadora les pregunta a los magistrados: ¿tendrán ustedes responsabilidad en esta situación? También existen trámites burocráticos excesivos que no se han acortado porque el problema no es atacado, en vista que la disputa interna limita el desarrollo de un plan que haga eficiente la administración.

Agencia de trabajos IAIP

El IAIP cuenta con una planilla de 52 empleados, cuyos sueldos absorben el 77% de los 31 millones de la partida presupuestaria.

Recientemente se contrataron, por petición de los magistrados Arturo Echenique y Gilma Agurcia, 7 trabajadores en plazas que no se necesitaban, según la fuente. Como si eso no fuera suficiente, y pese a que cada uno de estos empleados no tienen ni un año de laborar en el IAIP, se les asignó un ajuste salarial para el 2010, beneficio que otros empleados con mayor antigüedad no tienen.

"Pareciera que las necesidades consignadas se orientan a dejar una estructura para atender la variable empleo, o sea consolidarse como una agencia de colocación de empleos, dejando en un segundo plano el fin primordial para la que fue creada la institución", dice otra de las conclusiones de la nota de la consultora.

Existen también arbitrariedades en la contratación de consultores: los que son amigos de los magistrados son los que generalmente logran trabajo, dice. "Se han sentado las bases para un monopolio en las consultorías, cuando lo correcto es la precalificación para formar una base de datos idónea donde se integren las listas cortas (para licitar consultorías)".

Hace algunos meses, corría el rumor que la magistrada Elizabeth Chiuz Sierra tenía intenciones de presentar su renuncia al Congreso Nacional, debido al clima anárquico que se vive en el IAIP.

Los magistrados fueron elegidos por el Congreso Nacional para un período de 5 años.

* Conflicto:

Ambición. La mayor disputa es por el poder de manejar el control administrativo del IAIP.

Remuneración. Las sesiones de magistrados solo duran dos horas y por eso se les pagan 84 mil lempiras mensuales.

Daño. Mientras hay peleas entre los magistrados, el trabajo para socializar la Ley de Transparencia es lento.

IAIP: dos años en deuda con la ciudadanía

El pasado 7 de agosto se cumplió el segundo aniversario de funcionamiento del Instituto de Transparencia, pero la fecha pasó inadvertida porque la entidad está pasando a convertirse en un elefante blanco.

El proceso de capacitación no camina como debería, la socialización de la Ley de Transparencia es poca, por lo que la mayoría de los ciudadanos desconocen el derecho que tienen de pedir información pública a las entidades del Estado.

Peor aún, la gente no sabe que el Instituto de Transparencia sirve para resolver recursos de revisión cuando a un peticionario se le niega información requerida a fin de que pueda obtener lo que pide, si la ley lo autoriza.

De 2007 a la fecha se han resuelto unos 100 recursos de revisión, pero existe mucha queja que algunas resoluciones han sido de carácter político.