Inviolable derecho de recibir información

Bajo la premisa de que el derecho a recibir información no puede ser suspendido, la Fiscalía de Derechos Humanos interpuso una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de los medios de comunicación cerrados por el gobierno .

"El artículo 73 de la Constitución prohibe en términos absolutos el cierre de medios de comunicación y aunque algunos entienden que el 72 habilitaría eso, nosotros entendemos que no es así, puesto que está excluido de los derechos que pueden ser suspendidos, porque el cierre de medios afecta no solamente a quienes emiten informaciones sino también a quienes las reciben", informó a radio América, Sandra Ponce, fiscal de los DD HH.

Según la fiscal, el derecho de los ciudadanos a recibir información es "fundamental en un sistema democrático", por lo que la fiscalía "dispuso presentar una acción de protección para que los medios (sacados del aire) sean restituidos a través de una acción de amparo".

La abogada sostiene que el deber de la Fiscalía de DD HH es proteger a los ciudadanos de todas intromisiones del estado en su libertad y en el caso de este decreto "obviamente es una decisión de quienes ejercen la responsabilidad de conducir el gobierno" y va orientada a restringir o regular ciertas libertades ciudadanas.

"El Congreso (Nacional) y la Corte Suprema (de Justicia) debe controlar para que ninguno de los servidores (públicos) vaya más allá de los límites que les marca la Constitución", señaló Ponce.

La Policía Nacional allanó el lunes 28 de septiembre la sede de Radio Globo, La Catracha y Cholusat Sur, de acuerdo con el decreto Ejecutivo emitido en Consejo de Ministros que prohibe la emisión de mensajes contra los funcionarios de gobierno, que afecten la dignidad e inciten a la violencia.

Los medios, afines al ex presidente Manuel Zelaya, se encargaban de convocar las manifestaciones de la resistencia e instaban a los seguidores del mandatario depuesto a realizar acciones de presión contra el gobierno y la policía.

El decreto Ejecutivo que suspende garantías constitucionales ha generado inconformidad entre algunos sectores de la sociedad civil, empresarios, políticos y medios de comunicación.