Estados Unidos
La decisión del Congreso hondureño de votar sobre la restitución de Manuel Zelaya tras las elecciones del 29 de noviembre no contradice el acuerdo alcanzado para resolver la crisis política, estimó el miércoles el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ian Kelly.
“Dado que el acuerdo no establece plazos para esta votación del Congreso, celebrar la votación el 2 de diciembre no es necesariamente incoherente con el acuerdo”, indicó Kelly a periodistas.
El vocero del Departamento de Estado norteamericano reiteró que "desde el momento en que los acuerdos nunca dieron un plazo para el voto en el Congreso, que lo haga el 2 de diciembre no es necesariamente inconsistente".
Por su parte el enviado de EE.UU. a Honduras, Craig Kelly, reiteró este miércoles el apoyo a las elecciones del 29 de noviembre como “parte de la solución” de la crisis.
Según el enviado de Estados Unidos, “nadie tiene derecho de quitar al pueblo hondureño el derecho de votar y de elegir a sus líderes”.
Kelly llegó el martes a Tegucigalpa, por segunda vez en una semana, para tratar de resolver la crisis después de que Zelaya haya declarado “letra muerta” a dicho acuerdo y haya criticado a Washington por tratar de “blanquear el golpe” con la celebración de los comicios generales del 29 de noviembre sin él en la presidencia.
El Congreso Nacional analizará la restitución del presidente depuesto Manuel Zelaya el próximo 2 de diciembre, tres días después de las elecciones generales, anunció este martes el presidente del Legislativo, José Alfredo Saavedra.
Dicho acuerdo, suscrito el 30 de octubre por las comisiones negociadoras, deja en manos del Congreso la potestad de restituir al mandatario depuesto en el poder.
Sin embargo, el acuerdo, alcanzado con la presión de Estados Unidos, no fija un plazo para dicha votación en el plenario del Congreso, que se encuentra en receso hasta después de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Asimismo, contempla que antes de decidir si retrotrae la situación política a la que prevalecía antes del 28 de junio, consulte a varias instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, que tampoco tienen plazo para emitir su parecer.
Hasta el momento, solo el Comisionado de Derechos Humanos y la Procuraduría han remitido sus informes al Congreso.