Honduras
A partir del próximo lunes 23 de noviembre los hondureños deberán guardar sus armas de fuego para evitar que la Policía se las decomise.
El motivo es que el presidente de la República Roberto Micheleti aprobó un desarme general la noche del jueves en Consejo de Ministros con el propósito de garantizar la tranquilidad de las elecciones generales.
Durante el tiempo que dure la disposición no se permitirá a ningún civil armado, para lo cual la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas intensificarán los operativos de registro y decomiso de armas, aunque los dueños porten el respectivo permiso.
Las armas, según lo declarado ayer por el ministro de la Presidencia Rafael Pineda Ponce, se devolverán después de las votaciones, en los primeros días del mes de diciembre, a las personas que tengan permiso de portación.
Pineda Ponce manifestó que el objetivo principal es que las elecciones se desarrollen en un ambiente de paz y tranquilidad, evitar que personas bajo los efectos del alcohol o con otras pretensiones puedan atentar contra la vida de los ciudadanos.
En las últimas semanas seguidores del ex presidente Manuel Zalaya Rosales han amenazado con no permitir que la población se presente a las urnas a votar, razón por la cual los cuerpos de seguridad han tomado las medidas pertinentes para neutralizar cualquier acción de estos grupos.
Listos policías y soldados
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, comisario de policía Orlin Cerrato, confirmó que están listos, con apoyo del Ejército, para proceder a realizar los operativos de registro y decomiso de armas a nivel nacional, ya que con la entrada en vigencia del decreto presidencial "se suspende todo tipo de permisos de portación de armas de fuego y similares".
Agregó que, aunque los cuerpos policiales realizan fuertes operaciones, tanto en la capital como en el resto del país, a partir del día 23 del presente mes procederán al decomiso de armas hasta segunda orden.
Eso significa, prosiguió el oficial, que para que esto quede sin efecto tiene que haber otro decreto que deroga el primero.
Cerrato explicó que, legalmente, el desarme se basa en lo que establecen los artículos 59 y 293 de a Constitución de la República, así como el 3 de la Ley Orgánica de la Policía y 2 del Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares.
Ese articulado, según el portavoz policial, da la base legal para que se pueda llegar a ese desarme general que aprobó este decreto en Consejo de Ministros.
Advirtió que a partir del 23 de noviembre las personas que anden con armas, independientemente de que tengan permiso de portación o no, se les decomisará y van seguir un proceso administrativo. Por el arma incautada recibirán un comprobante.
Confirmó que las armas serán llevadas a los almacenes de la Policía Nacional donde permanecerán el tiempo que esté vigente el decreto ejecutivo.
Confió que los registros serán minuciosos a vehículos y sus ocupantes, así como a personas que se conducen en motocicletas y transeúntes.