Magistrados: Zelaya debe someterse a la justicia

A seis días de reunirse el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia finalmente ha enviado a ese poder del Estado la opinión que pidieron acerca de la restitución o no del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

Como ocurrió con los otros documentos: el del Comisionado, Ministerio Público y Procuraduría General de la República, tampoco fue posible conocer el contenido de la información, sino hasta que la misma sea del conocimiento del plenario de diputados.

El planteamiento de la CSJ fue entregado por el propio magistrado presidente, Jorge Rivera Avilez, quien se presentó a las oficinas de la secretaría adjunta en compañía de los también magistrados Edith María López y Jacobo Cálix Hernández.

Suficiente elementos

En la nota de remisión, la Corte Suprema de Justicia expresa sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, que “el honorable Congreso Nacional cuenta con información para analizar el concepto general de las acciones oficiales y públicas del ciudadano Manuel Zelaya Rosales, las que le permitirán valorar si las mismas se realizaron en apego a lo dispuesto en la Constitución de la República, al orden jurídico preestablecido, y en consonancia con su condición de funcionario público sujeto a la ley, y si el fin perseguido con tal conducta, estaba orientado o no a la violación del principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, como elementos para respaldar la decisión para retrotraer o no la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio”.

Rivera Avilez no dio detalles del contenido del documento, pero explicó que el mismo contiene una relación de hechos relacionados con el actuar de Zelaya.

Voto particular

Por su lado, el magistrado Jacobo Cálix Hernández dijo a los periodistas que en el informe “se relacionan algunos de los hechos que ya son de conocimiento público y siguen su cause normal dentro del poder judicial”.

“Se evacua la opinión con otras apreciaciones jurídicas para que el órgano legislativo tome la decisión más consecuente con el marco jurídico”, agregó.

Cálix Hernández confirmó que la opinión de la Corte Suprema de Justicia cuenta con el voto particular del magistrado Carlos Daniel Cálix Vallecillo, quien no compartió algunos criterios con el resto de sus 14 compañeros del Pleno del Poder Judicial.

En su opinión, “eso pone en manifiesto que dentro del Poder Judicial existió una deliberación jurídica de alto nivel, a mucha conciencia y con mucha responsabilidad sobre este tema de interés nacional”.

Cálix Vallecillo emitió una opinión particular en el sentido que no estaba de acuerdo con que la CSJ volviera a deliberar sobre un tema del que ya se pronunció con anterioridad.

CSJ ratifica posición

En la opinión, la CSJ ratifica el criterio que emitió el 21 de agosto pasado en el proceso de consultas del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en su calidad de mediador en la crisis de Honduras.

Con relación al regreso de Zelaya, la Corte Suprema de Justicia manifestó en esa ocasión que “existen acciones penales presentadas por la Fiscalía contra el ex presidente, por lo que “mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal”.

Zelaya tiene orden de captura por varios delitos relacionados con una consulta popular que pretendía celebrar para promover una asamblea constituyente el 28 de junio, el mismo día en que los militares lo arrestaron y lo expulsaron del país y en que el Congreso designó en su lugar a Roberto Micheletti.

Relación de hechos

Según las actuales autoridades, los militares apresaron a Zelaya en cumplimiento de un mandato judicial derivado del proceso incoado por el Ministerio Público contra el ex presidente por promover la consulta, que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado.

Después de haber sido depuesto Zelaya, un tribunal de justicia le libró otra orden de captura, en este caso, según el Ministerio Público, por la emisión ilegal de un decreto para la contratación de publicidad.

Con la opinión de la CSJ, el Congreso Nacional cuenta ya con las cuatro que solicitó a otros órganos del Estado para fundamentar su debate, que habrá de celebrarse el miércoles de la próxima semana, aunque los diputados tienen claro que este tipo de opiniones no son vinculantes y que, por tanto, la decisión sobre el tema solo dependerá de los mismos legisladores.

Ya entregaron sus opiniones el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.

El acuerdo Tegucigalpa-San José estableció que para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, en el espíritu de los temas de la propuesta se decidió que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente en respecto a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010”.