Congreso convocado a histórica sesión mañana

El Congreso Nacional realizará mañana miércoles una sesión que pasará a la historia por el punto de agenda que ocupará la atención del debate legislativo: la restitución o no del depuesto presidente Manuel Zelaya.

Los diputados debatirán el tema sin presiones de carácter político, en virtud de que ya pasaron las elecciones generales del 29 de noviembre.

Semanas atrás, el Congreso Nacional convocó a sesiones para el 2 de diciembre, a fin de dar tiempo a las instituciones pertinentes a que rindieran su informe en torno a los acontecimientos del 28 de junio.

Manuel Zelaya Rosales perdió el poder de la nación por las constantes violaciones a la ley y por promover la reelección presidencial, lo cual violenta el artículo 239 de la Constitución.

El plan de Zelaya era convocar a una consulta ilegal para instalar una asamblea nacional constituyente y derogar la actual Constitución de la República.

Producto de la crisis que generó su salida del poder y del país, la comunidad internacional propició una negociación en Costa Rica, de la cual surgió el Acuerdo de San José, contentivo de 12 puntos.

El plan fue declarado fracasado por Zelaya Rosales. Sin embargo, con la mediación de Estados Unidos y la OEA, fue posible retornar a la mesa amparados en el diálogo Guaymuras, del cual surgió el Acuerdo de Tegucigalpa-San José.

En su punto número uno, este acuerdo contemplaba la creación de un gobierno de unidad y reconciliación antes del 5 de noviembre.

Zelaya se negó a enviar un listado de 10 personas para integrar este gobierno, porque interpretó que él debía presidirlo.

Estados Unidos le aclaró que el gobierno de unidad no tenía nada que ver con la restitución, asunto que sería dirimido por el Congreso Nacional, tal y como lo establece el punto cinco.

Para dar cumplimiento al punto cinco, que ordena al Congreso dirimir este asunto, previa consulta con las instituciones pertinentes, se convocó para mañana miércoles 2 de diciembre.

Los parlamentarios ya tienen en su poder las opiniones de la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ministerio Público y Procuraduría General de la República.

Cabe destacar que la propuesta de acudir al Congreso Nacional surgió del equipo negociador de Manuel Zelaya, el cual estaba integrado por Víctor Meza, Rodil Rivera Rodil y Mayra Mejía. Sin embargo, al percatarse que Zelaya apenas tenía el respaldo de unos 20 diputados, pretendió declarar muerto el acuerdo y desconocer su cumplimiento.

La comunidad internacional, en cambio, ha demandado que el acuerdo se cumpla y por eso se mantiene a la expectativa de la decisión que tomen los diputados en la sesión de mañana.

El acuerdo deja a criterio del CN "retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010".

"La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita", cita el documento.

El gran perdedor

Durante la crisis, los zelayistas han pretendido presionar por la restitución al poder de diferentes maneras.

Desde un boicot a la Selección Nacional de fútbol hasta el boicot a las elecciones generales han sido parte de las estrategias. Sin embargo, en su afán lo que los zelayistas han acumulado son derrotas.

El diario ABC de España dedicó ayer un editorial sobre quiénes son los verdaderos perdedores con la masiva participación ciudadana en las urnas.

"A pesar de los intentos de intimidación por parte de los partidarios de la abstención, y conscientes de lo que estaba en juego, los hondureños han acudido a votar masivamente y con toda normalidad para elegir un nuevo presidente y sacar al país de la crisis política en la que está sumido.

Después de un pronunciamiento tan claramente democrático no es posible imaginar qué más podrían hacer los ciudadanos hondureños para conseguir que se levanten las sanciones contra su país, convertidas por la tozudez de algunos en un castigo colectivo contra toda la sociedad.

Los países que, como Estados Unidos, Costa Rica, Panamá o Perú, han decidido dejar la solución a un problema hondureño en manos de los hondureños han acertado plenamente en su diagnóstico, porque esta es la única forma en la que quedan a salvo la legalidad constitucional del país y la voluntad de sus ciudadanos, expresada democráticamente.

El gran perdedor de esta jornada no es solamente el defenestrado Manuel Zelaya, que hace tiempo que perdió su lugar en la historia del país, sino el histriónico caudillo venezolano Hugo Chávez, que en Honduras ha visto fracasar por primera vez sus ambiciones expansionistas en un país iberoamericano.

Lo que Chávez está defendiendo no es la democracia, como se ha visto con su actitud de rechazar el resultado de las elecciones, sino sus propios planes de construir un frente de países contra la influencia liberal en el mundo.

Aunque el presidente Lula tiene un margen de maniobra muy estrecho desde que Zelaya se refugió en su embajada, de Brasil se esperaba una posición más realista en un problema ligado desde el principio a la causa de Chávez y sus ensueños bolivarianos.

Pero lo que no es posible explicar, ni siquiera desde la perspectiva del criterio de salvaguardar la Cumbre Iberoamericana, es la posición de España, capaz de condenar con intransigencia las elecciones plurales y abiertas celebradas en Honduras y, a la vez, no decir nada o incluso bendecir la farsa organizada por Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial.

Por errores como este, desgraciadamente ni la Cumbre de Estoril ni la OEA van a salir indemnes de esta crisis".

Zelaya dijo a la OEA que no cumplirá acuerdo

El 26 de noviembre pasado, Manuel Zelaya envió una carta al secretario de la OEA, Miguel Insulza, en la que expresa que se rescinde el Acuerdo Tegucigalpa-San José.

"El acuerdo Tegucigalpa-San José... se encuentra rescindido desde el 5 de noviembre del corriente".

"El acuerdo a partir de ese momento perdió su eficacia jurídica", afirma.

Zelaya le asegura a Insulza que la conformación e instalación del gobierno de unidad y reconciliación nacional no se cumplió "por la intransigencia del régimen de facto de convocar al Congreso".

"El incumplimiento de las solemnidades legales por una de las partes, en este caso el señor Mitchelleti, conllevó a que el mismo se declaró rescindido (fracasado) y quedó sin valor y efecto".