Agurcia y Echenique denuncian parcialidad del TSC

Los magistrados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Gilma Agurcia y Arturo Echenique, se quejaron de que no se les está juzgando con imparcialidad en la discusión que hace el Congreso Nacional (CN) sobre sus separaciones.

Los dos expusieron una serie de argumentos, como el que no se les ha dado el derecho de defensa y que el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con relación a supuestas anomalías en la entidad se hizo expresamente para afectarlos.

EL HERALDO fue el medio de comunicación que informó en exclusiva sobre la controversia al seno del IAIP.

Gilma Agurcia apuntó que el TSC pidió un listado de documentos sobre las resoluciones del IAIP solo a la magistrada presidente, Elizabeth Chiuz Sierra, excluyéndolos a ellos dos de aportar sus elementos.

La lista se solicitó el 13 de octubre de 2009 para ser entregada al día siguiente a las 8:00 de la mañana.

Además de eso, se anexaron al informe apuntes sobre resoluciones de pleno que hizo una asistente de Chiuz Sierra, que no tienen validez porque no tiene carácter de una acta formal de sesión, lamentó.

"Esta acción me parece un acto con la clara intención de causar indefensión".

"Nuestras sospechas con relación a la parcialidad de dicho ente contralor no hace más que crecer", expresó Agurcia.

Estas quejas fueron enviadas por Agurcia en una nota al presidente del CN, José Alfredo Saavedra.

La togada también se quejó de que los medios de comunicación solo recogen las versión de Chiuz Sierra.

Echenique quiere medalla

Por su lado, el magistrado Arturo Echenique, pidió que en vez de que el Congreso los despida se les debe de dar "una medalla al mérito" por el alto nivel de transparencia que han mostrado.

"Los problemas que existen es por exigencia al cumplimiento a la ley y a los valores de transparencia y que en alguna medida deberían de darnos una medalla de honor, precisamente por cumplir con el defender la Constitución de la República.

La investigación que hizo el TSC no muestra ninguna irregularidad por la cual haya que deducirles responsabilidades, por lo que no hay un caos administrativo, aseguró.

En el caso de que los remuevan se reservan el derecho de demandar judicialmente, sentencia.

"Está viciado (el informe) y es nulo ipso yure (de oficio), tenemos que recurrir, por su puesto, a los recursos que permite el derecho". Si los despiden, el Congreso sería una decisión que desprestigiaría al país, consideró.