Defensa militar quiere evitar orden de captura

El pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió hoy para conocer el requerimiento contra la cúpula militar interpuesto por la Fiscalía de la República.

Trascendió en una radio local que durante la reunión, los magistrados tomaron la determinación de asignar al presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilez, como juez natural que se encargará del caso.

Este jueves en horas de la mañana fue presentado el primer recurso a favor de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, acusado por la Fiscalía de abuso de autoridad y expatriación ilegal del ex presediente Manuel Zelaya.

Dagoberto Mejía, ex director de fiscales del Ministerio Público, será el encargado de coordinar la defensa de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Alrededor de las 11:00 AM, Mejía se presentó ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia como apoderado legal del jefe del Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes para evitar que se ejecute la orden de captura solicitada por el MP.

El abogado declaró a Radio América que "en aras del derecho de defensa, previo a cualquier resolución del tribunal o que el juez deba emitir, estamos haciendo o dejando de manera expresa la voluntad que tienen ellos (los comandantes) de someterse el día y la hora que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia lo designe".

Posteriormente, Rigoberto Espinal, asesor del MP, señaló que el requerimiento fiscal fue presentado en el momento oportuno, con base material, doctrinal y jurídica, para que se realice un proceso transparente y sujeto a las formalidades del derecho procesal.

"No es un acto inventado a última hora para ponerle un manto o cobertor a otras cosas", expresó Espinal en relación a las aseveraciones de Zelaya sobre la acusación de la Fiscalía.

El gobernante destituido afirmó que la orden de captura contra la Junta de Comandantes era "un truco y una nueva estratagema del fiscal el acusar a los militares de un delito menor, como abuso de autoridad".

"Con respecto al ex presidente también se realizó un proceso investigativo con anterioridad a lo ocurrido el 28 de junio" y no a causa de una persecusión política, agregó.

En cuanto a la amnistía que aplicará el Congreso Nacional, Espinal dijo que depende del Congreso a quién se aplica la misma y para qué delitos.

El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra la cúpula militar de Honduras por la decisión de trasladar al ex presidente Zelaya tras capturarlo por orden de los tribunales.