Defensa de militares no apelará medidas

La defensa de la Junta de Comandantes no apelará las medidas sustitutivas impuestas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Alberto Rivera Avilez.

En la tarde del pasado jueves, los miembros de la cúpula militar acudieron de forma voluntaria a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a comparecer a la audiencia de declaración de imputado por la acusación que les interpuso el Ministerio Público (MP) por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad y expatriación del ex presidente Manuel Zelaya.

En dicha audiencia, el juez natural Rivera Avilez impuso a los seis jerarcas militares acusados dos medidas cautelares sustitutivas a la prisión: tienen prohibido salir del país y deben presentarse el día 14 de cada mes a la Secretaría de la CSJ a firmar un libro.

"No vamos a apelar, consideramos que si la audiencia inicial está programada para ocho días, aproximadamente, no sería necesario ya que nos estamos preparando para aportar los elementos necesarios", manifestó el defensor Juan Sánchez Cantillano, quien dijo respetar la decisión judicial.

Para el otro defensor, Dagoberto Mejía, "fue correcta" la decisión de aplicar medidas sustitutivas.

Los defensores acreditaron el arraigo de sus representados, por lo que el juez consideró aplicar estas medidas cautelares.

Prisión

Rivera fijó para el próximo jueves la celebración de la audiencia inicial, cuando las partes aportarán las pruebas y el juez resolverá si dicta auto de prisión o un sobreseimiento. Igualmente, el MP no está conforme con las medidas sustitutivas impuestas a la Junta de Comandantes.

El término legal para interponer un recurso de reposición vence el martes, sin embargo, se considera viable esperar que en la audiencia inicial se insista en que la cúpula militar debe ser privada de su libertad.

"Se pedirá el auto de prisión, con prisión preventiva, de acuerdo a los elementos probatorios que llevaremos a ese estrado de justicia", manifestó el fiscal Marcio Cabañas.

Se argumenta que al defenderse en libertad los procesados podrían obstruir la investigación y que la pena de abuso de autoridad excede los cinco años.

"Desde el momento en que se pide la detención judicial o prisión preventiva, tácitamente también se está pidiendo la suspensión del cargo, en la audiencia inicial es donde se determinará su situación jurídica", expresó el fiscal.

Para Sánchez Cantillano "es un exceso" el del MP solicitarlo.

Estado de necesidad

La defensa enfoca el caso desde el punto de vista técnico jurídico, no está entre sus estrategias pedir una amnistía para sus patrocinados en caso de que el Congreso Nacional apruebe esa figura.

"Estamos total y enteramente preparados para hacerle frente a este proceso", aseguró Sánchez.

El defensor admite que la expatriación de un hondureño es considerada un delito por las leyes nacionales, sin embargo, argumenta que existen diversos eximentes de responsabilidad penal por este y otros ilícitos.

Entre los eximentes está acreditar el estado de necesidad, referido a que ante un mal mayor, un mal menor, para evitar un baño de sangre si Zelaya era dejado en el país tras su captura.

"Un eximente de responsabilidad criminal es el estado de necesidad, el respeto que se hizo de la Constitución, principalmente la defensa del Estado y de la patria", manifestó Mejía.

"Nunca se ha afincado la estrategia de defensa en una amnistía, sería una irresponsabilidad, estamos preparados para el debate", añadió.