Decreto frenaría abusos en venta de útiles escolares

En el país no existe una ley que faculte a la Fiscalía y a Industria y Comercio para proceder contra los que cometen abusos en venta de útiles escolares y matrículas en centros educativos privados.

"Para poder exigir un precio determinado requerimos un acuerdo o un decreto que establezca los precios de cada producto y así exigirlos de manera coercitiva", manifestó el fiscal especial de Protección al Consumidor, Luis Navas.

Ante la falta de una pieza legal lo que normalmente se acostumbra es que el gobierno concerte precios con los comerciantes.

Otro tema que también afecta mucho a la población es el de los valores en la matrícula y las mensualidades, en vista de que tampoco hay precio establecido para cada uno de los institutos que prestan el servicio de la educación.

"Al no haber regulaciones, muchos se aprovechan de la necesidad de los padres de familia y ponen sus precios en venta de útiles, matrículas y mensualidades", expresó.

Navas pidió a los comerciantes y propietarios de centros educativos ser conscientes y no proceder a aumentos exagerados. Como alternativa, le correspondería al Congreso Nacional aprobar un decreto de "congelamiento" de precios en este rubro, mediante iniciativa emanada desde Industria y Comercio.

Las autoridades de la Fiscalía e Industria y Comercio se reunieron ayer para tratar el tema.

El propósito era establecer la política de trabajo que desarrollarán ambas instituciones a fin de proteger los derechos de los consumidores.