En investigación legalidad de salvoconducto

El Ministerio Público (MP) inició una investigación referida a si el salvoconducto otorgado por el Ejecutivo al ex presidente Manuel Zelaya y sus acompañantes violenta o no preceptos legales nacionales, tratados o convenios internacionales.

Las diligencias se iniciarían una vez otorgado el salvoconducto.

"La atribución de otorgar un salvoconducto le compete al Poder Ejecutivo al cual respetamos, esperamos que esté enmarcado en derecho", manifestó el fiscal Adjunto, Roy Urtecho.

El presidente Porfirio Lobo Sosa, informó la semana anterior que el MP y la Corte Suprema le buscaría una salida legal en el salvoconducto, que para ello había dialogado con las autoridades de estos entes.

"El Ministerio Público guarda su independencia y respeto a la complementariedad de los tres poderes del Estado, en ese marco somos categóricos que respetamos las decisiones del Poder Ejecutivo, siempre y cuando estén enmarcadas en derecho", dijo.

Si el salvoconducto violenta preceptos legales nacionales o internacionales, el MP incoará acciones judiciales, que pudiera ser un recurso de amparo o acusaciones contra los que lo emitieron.

En el primer extremo existe la posibilidad de anularse y el ex presidente sea capturado en el país que lo haya acogido.

Cuentas pendientes

En lo que respecta a la amnistía a delitos políticos y comunes conexos a estos, aprobada por el Congreso Nacional, el MP aclara que Zelaya y Rasel Tomé tienen aún cuentas pendientes con la justicia por acusaciones por corrupción.

A Zelaya se le supone responsable de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude. En el caso de Tomé es acusado por abuso de autoridad.

En contra de ambos el juzgado les libró una orden de captura nacional e internacional.

El fiscal dijo que el MP esperará que el contenido del decreto sea publicado en La Gaceta para que sea ley y si violenta preceptos legales se interpondrán acciones legales para impugnarlo.

Zelaya es investigado por corrupción, se confía que la amnistía no haya abarcado los delitos de tipo penales, manifestó el fiscal.