Sin validez decretos de ampliación publicados en el diario La Gaceta

El ministro de Gobernación Áfrico Madrid ratificó hoy que La Gaceta que salió publicada dos veces no tiene validez, ya que no es legal y los decretos publicados en la misma no se convirtieron en ley.

En los últimos días trascendió la aprobación de 150 ampliaciones al presupuesto de tramos carreteros en el Poder Legislativo, durante los últimos tres meses de la administración pasada.

Esta situación evidenció la corrupción que existe en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo, donde los funcionarios acuerdan acciones "amañadas" que afectan fuertemente las arcas del Estado, en beneficio de sectores particulares.

El funcionario indicó que en el gobierno pasado se aprobaron estas ampliaciones en la última sesión de la pasada legislatura apresuradamente, pues se quería favorecer a varias personas.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, el presupuesto del incremento de los tramos carreteros se comenzó a ejecutar en la administración del ex presidente Manuel Zelaya Rosales en mayo del 2009.

Esta conducta siguió en el gobierno provisional del ex presidente Roberto Micheletti. En ambas administraciones el ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda fue Rosario Bonano.

Un ejemplo es el tramo carretero de San Francisco-Gualaco que pasó de 152.1 millones de lempiras a 410 millones de lempiras del período de mayo de 2008 a enero de 2010.

Otro caso es la ampliación de presupuesto para 2.5 kilómetros de carretera de la colonia San Francisco de esta capital, así como se detalla en el diario oficial La Gaceta del 14 de enero de 2010.

El contrato original para la realización de la obra era de 33, 230,000, pero se amplió a 71 millones de lempiras, más del 100 por ciento.

También se puede mencionar el caso del proyecto de pavimentación de la carretera Gracias-La Esperanza y Gracias-San Juan en los departamentos de Intibucá y Lempira, ubicado en La Gaceta del 2 de enero de 2010, sobre la modificación en el contrato original por cuatro millones de lempiras, quedando por un monto de más de 38 millones de lempiras.

Estos contratos multiplicaron por muchos millones su valor original; sin embargo, los mismos fueron aprobados por el Poder Legislativo en la última sesión de la cuarta legislatura cuando ni siquiera había quórum, pero la orden era aprobar todo aún sin contar con el dictamen y la firma de las comisiones correspondientes.

El ministro de Gobernación explicó que de convertirse en ley estos decretos al ser publicados en La Gaceta, se otorgaba el derecho a las compañías constructoras de demandar al Estado por incumplimiento de contrato.